Representantes de cámaras empresariales en Veracruz denunciaron una campaña de “acoso, amenazas de clausura y multas millonarias” que ha iniciado la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), a cargo de Sergio Rodríguez Cortes.
A través de una carta dirigida al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pidieron cesar el acoso y el cobro de multas millonarias, pues eso va en detrimento de la economía de quienes crean las fuentes de empleo en la entidad.
El presidente de la Coparmex en Xalapa, Juan Carlos Díaz Morante, señaló que esta situación vulnera sus derechos, por lo que exigen una mesa de diálogo con el presidente de la República y el gobernador del estado, a fin de poner un alto a estos procedimientos administrativos que son valorados como irregulares.
Aseguró, que los empresarios han sufrido acoso, amenazas de clausura y multas millonarias aplicadas. Dicen que la multa mínima que deben pagar es de 500 mil pesos, sin que exista un tabulador correspondiente a los criterios establecidos en la Ley Estatal de Protección Ambiental.
“Más de mil 500 empresarios son las víctimas de estas multas aplicadas que van conforme al tamaño de la empresa y trabajadores que en ellas laboran. Esos procedimientos los ha realizado la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, a cargo de Sergio Rodríguez Cortés”.
Empresarios se quejan porque se les obliga a regularizarse: PMA
El procurador del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés aseguró que las acusaciones de empresarios en su contra, es por el hecho de que se les está obligando a “regularizarse”, algunas empresas operan sin permisos ambientales.
Mencionó que Juan Carlos Díaz Morante, presidente de Coparmex, le pidió la intervención para evitar el pago de multas que le fueron impuestas a dos empresas que podrían estar ligadas al empresario.
“No he podido atender como él quisiera, a este representante de Coparmex Xalapa, es real que me ha visitado –yo recuerdo a principio de año– (…) el tema de fondo es que ellos tienen un procedimiento administrativo basado en la Ley 62.
“Es un procedimiento legal, ellos lo toman como un procedimiento que no les gusta. Yo expedí una orden a los inspectores y ellos están obligados a pasar, de ahí el problema, porque ellos dicen por qué no me avisaste”.
El funcionario aseguró que los empresarios le han pedido a que les “avise” de las visitas con la idea de poder adecuar las instalaciones para las “inspecciones”, pero eso sería contrario a la legislación.
A diferencia de otras dependencias, la PMA tiene atribuciones para revisar de manera aleatoria a las empresas y que las supervisiones sean sorpresivas.
“Nuestras inspecciones son apegadas a derecho, lo que quiere decir que de acuerdo a la actividad económica que realizan hay una serie de requisitos que se deben cumplir y se supervisa si contaminan agua, si contaminan suelo, si contaminan aire y qué medidas tiene que hacer y cómo manejar tus residuos”.
Explicó que todos los empresarios están obligados a tener un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), “es la madre de todos los permisos ambientales”, y hay empresas que llevan hasta dos años operando sin ese permiso.
Aclaró que después de la supervisión se les da una semana para tramitar los permisos y atender las irregularidades, pues no se clausura de manera inmediata. Y el hecho de notificarles que serán suspendidas sus labores de manera temporal, lo asumen como amenazas.
Rodríguez Cortés ofreció sentarse a dialogar para buscar una solución a sus problemas de operación, pues es posible que los empresarios soliciten certificación de empresas responsables y de esa manera se podrán evitar las sanciones punitivas que implica la operación sin tener los permisos necesarios.
Cuestionado por las constantes quejas en su contra, aseguró que todo se debe a la forma en cómo se está trabajando, pues muchas empresas han sido obligadas a operar en el marco de la ley.
Sobre los montos de las multas, que también se quejan los empresarios, planteó que eso se calcula con base en el daño que se ocasiona y la ley permite imponer sanciones hasta por dos millones de pesos.
En ese sentido, recomendó a los empresarios reunirse con los legisladores para revisar los máximos y mínimos de las sanciones, sin embargo, recordó que en el tema ambiental las multas han ido al alza.
