Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazaron el pronunciamiento que en días pasados emitió este organismo, en el que, entre otros temas, se refiere el Instituto Nacional Electoral (INE) y considera que este tiene el mismo historial del IFE y de la otra Comisión Federal Electoral, “órganos autónomos únicamente de nombre”.
Luego de que las declaraciones contra el INE se enmarcan en un comunicado sobre la Recomendación General 46/2022 respecto a violaciones a derechos humanos entre 1951 y 1965, entre ellas a la democracia y la garantía a la protesta social, los consejeros exigieron a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, apegarse “a las recomendaciones generales aprobadas por el Consejo Consultivo, estrictamente al lenguaje aprobado, sin interpretaciones políticas respecto de su contenido”.
De lo contrario, expusieron, “esta herramienta puede desvirtuarse y perder eficiencia como mecanismo garante de los derechos humanos”.
En su posicionamiento, firmado por siete consejeros, reconocieron que, en la citada recomendación general, que fue votada por el Consejo Consultivo en abril pasado, se emiten ciertas recomendaciones a diversas autoridades, entre ellas se encuentran al INE.
“Pero en ningún momento se discutió o avaló lo que la CNDH interpreta ahora en su pronunciamiento, que ‘recomienda la transformación del instituto’ o que el IFE/INE sea un órgano autónomo ‘únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo, que solo han servido para el mantenimiento de vicios que, por años, si no es que, por siglos, han manchado nuestros procesos electorales”.
Puntualizaron que las recomendaciones específicas al INE fueron: asumir el compromiso de fortalecer su independencia de cualquier grupo partidista, económico o social, y su identificación y empatía con el pueblo de México, así como también comprometerse a ejercer y fomentar el desarrollo de la vida democrática, fortalecer el régimen de los partidos políticos y, principalmente, asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos políticos electorales, con un presupuesto austero y a la vez responsable, reduciendo privilegios y gastos onerosos injustificados.
Igualmente, apoyar el desarrollo de la democracia participativa, promover y apoyar ejercicios de participación y consulta ciudadana.
