Daniel González y agencias
Tras detectar que una tercera parte de los hogares en México sufren algún nivel de pobreza energética, Greenpeace urgió este miércoles a las secretarías de Bienestar y de Energía (Sener) a aplicar una transición que dé acceso a las fuentes renovables para que las familias puedan satisfacer sus necesidades básicas. Asimismo que permita mayor equidad para la población en materia de educación, nutrición, salud, entretenimiento y adaptación al cambio climático.
Al presentar su Estrategia Nacional de Democracia Energética (2024), Pablo Ramírez, campañista de Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, resaltó en conferencia de prensa que combatir este tipo de pobreza tiene beneficios en la reducción del pago de servicios, dado que los sistemas descentralizados renovables pueden satisfacer la demanda total residencial.
Aseguró que estas medidas, de acuerdo a su propuesta, podrían permitir la creación de empleos verdes locales que involucren a las comunidades en diferentes eslabones de la cadena de producción, como la capacitación, instalación, mantenimiento y reparación de los equipos. Para demostrar el rendimiento de estas tecnologías, puso en funcionamiento un pequeño sonidero de cumbias con la energía producida por un panel de celdas solares.
Ramírez precisó que invertir en este tipo de sistemas puede ayudar a las finanzas públicas al disminuir los subsidios canalizados a las tarifas de bajo consumo eléctrico.
Como ejemplo, aseguró que utilizar 68 por ciento del anexo transversal 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, destinado a la adaptación y mitigación al cambio climático, permitiría instalar 4 millones 493 mil 45 sistemas de generación distribuida o aislada. Esto propiciaría ahorros al subsidio eléctrico de hasta 31 mil 155 millones de pesos.
Lamentó que otra limitante para el acceso a este tipo de tecnologías sea la falta de recursos económicos en algunos sectores de la población, especialmente los que viven en zonas remotas del país, ya que suelen ser costosas. Por ello, instó a ambas secretarías a acelerar los procesos de transición energética para que los resultados se vean reflejados en la sociedad.
“Como el acceso a sistemas impulsados con energías renovables es aún muy restringido para muchas personas, se busca desarrollar un modelo de financiamiento cuyo cometido específico sea que las comunidades marginadas puedan acceder económicamente a este tipo de tecnologías, que sea fácil de conseguir para todas y todos”.
Indicó que un cambio en el modelo energético en México es crucial para contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, lo que ayudaría a cumplir con los compromisos y metas ambientales del país.
Agregó que la crisis climática afecta a las comunidades más vulnerables a pesar de que éstas son las que producen una menor huella de carbono, sin embargo, han sido olvidadas en la agenda económica y energética.
Fracking, una amenaza para el agua en zonas petroleras de Veracruz
En cuatro de las cinco regiones con potencial para extraer recursos petroleros no convencionales mediante fracking en México hay niveles críticos de disponibilidad de agua, por lo que, si los proyectos de fracturación hidráulica se pusieran en marcha no tendrían agua para operar y afectaría el abasto para consumo humano, reveló una investigación de CartoCrítica.
Las cuatro regiones son: Sabinas y Burro-Picachos, ubicadas en Coahuila y Nuevo León; Burgos, ubicada entre Nuevo León y Tamaulipas; Tampico-Misantla, ubicada en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.
La quinta región es Veracruz, ubicada entre el sur de Veracruz y Oaxaca, que tiene una mayor disponibilidad hídrica, de acuerdo con el trabajo desarrollado por CartoCrítica y publicado por el Conahcyt.
El trabajo señala que la explotación de un volumen equivalente al 1 por ciento de los recursos de hidrocarburos prospectivos no convencionales que se estima existen en México podría requerir de una cantidad de pozos que oscila entre 749 y mil 455.
Caso Veracruz
En el documento de CartoCrítica: “Estimación del consumo requerido de agua para la explotación de recursos petroleros no convencionales mediante fracturación hidráulica en México”, se detalla que en un escenario donde los volúmenes de hidrocarburo explotado ascienden al 10 por ciento del total prospectivo, estos requerimientos se traducen en un total de entre 7 mil 492 y 14 mil 549 pozos para la cuenca Tampico-Misantla.
El estudio advierte que en promedio, el 83 por ciento de los pozos requeridos y el 79 por ciento del volumen de agua se deben a los requerimientos de la provincia petrolera Tampico-Misantla.
Ésta contiene el 60.5 por ciento de los recursos prospectivos no convencionales del país. Por ello, incluso bajo supuestos de explotación de una pequeña fracción de estos recursos, se obtiene una gran demanda tanto de pozos como de agua.
De acuerdo con los datos obtenidos, dependiendo del volumen recuperado y el nivel de intensidad, se podrían requerir entre 4 mil 649 y 327 mil 273 MMlt (4,649 y 327,273 MMm3) de agua en Tampico-Misantla.
El estudio revela que el 9 por ciento de la demanda de agua por fracking ocurre en regiones que alcanzan un nivel de riesgo alto, concentrado sobre todo en las entidades Tamaulipas y Veracruz dentro de la provincia petrolera Tampico-Misantla.
La suma de ambos porcentajes indica que el 37 por ciento de la demanda de agua por fracking ocurre en regiones con niveles de riesgo sobre la disponibilidad de agua que se pueden clasificar como críticos y altos.
En Veracruz, los volúmenes concesionados a los sectores agrícola y público durante 2020 ascendieron a 3 mil 868 600 MMlt (3,868.6 MMm3) y 656 mil 700 MMlt (656.7 MMm3), respectivamente. Comparados contra ellos, los flujos de requerimiento máximos anuales equivalen al 0.608 y al 3.6 por ciento, mientras que el requerimiento total sería equivalente al 12.1 por ciento para el sector agrícola y al 72 por ciento para el público.
El estudio detalla que la extracción de petróleo y gas mediante procesos de fracturación hidráulica no traería un nuevo tipo de impacto, sino que aumentaría y exacerbaría los ya existentes, profundizando con ello los impactos acumulativos y sinérgicos.
El agua requerida para fracking resulta ser mayor a la disponibilidad hídrica.
Si bien los promotores del fracking han buscado reducir el uso de agua mediante el reciclaje y reúso o utilizando aguas salobres, estas alternativas tienen altos costos económicos y energéticos, lo que las hace inviables. En los hechos, EU y México reinyectan el agua contaminada por fracturación al subsuelo en pozos letrina, a pesar de que esto conlleva enormes riesgos para los acuíferos y el ambiente.
“Para hablar del agua y el fracking es importante ir al ámbito regional y local, donde el agua requerida para fracking resulta ser mayor a la disponibilidad hídrica de las cuencas y acuíferos de las regiones de extracción. Ahí es donde se dan las violaciones del derecho humano al agua y al ambiente y donde se suscitan los conflictos, lo que se suma a los impactos asociados a esta tecnología. Por esto es fundamental prohibir ya el fracking en nuestro país”, explicó Manuel Llano.
La nueva legislatura puede proteger el agua
La LXVI legislatura, que inició sus trabajos legislativos el pasado mes de septiembre, tiene la posibilidad y la responsabilidad de hacer lo que la pasada legislatura no hizo: prohibir el fracking a través de la iniciativa de reforma constitucional de medio ambiente que ya fue aprobada en comisiones el pasado mes de agosto, o bien de prohibir el uso de agua para fracking a través de la Ley General de Aguas, que tampoco se aprobó anteriormente y también debe ser legislada a la brevedad.
