Ixtaczoquitlán, Ver.- La regidora segunda del ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, Gilda Salinas González, denunció públicamente la detención de una menor de edad, quien además se encuentra embarazada, por parte de elementos de la Policía Municipal, tras un incidente registrado durante la madrugada del domingo.
De acuerdo con el testimonio de la funcionaria, los hechos ocurrieron después de un evento artístico celebrado en el municipio, cuando varios integrantes de su familia se encontraban conviviendo.
Durante la madrugada se habría suscitado una riña con personas conocidas de la familia; no obstante, los presuntos agresores se retiraron del lugar.
Posteriormente, arribó una patrulla de la Policía Municipal, cuyos elementos procedieron a la detención de su hija, su nieta y otros familiares, entre ellos una menor de edad.
La regidora expresó su preocupación por la integridad física y legal de la adolescente, al señalar que, si bien los adultos deben responder conforme a la ley, existe inquietud por posibles abusos en el actuar de los cuerpos de seguridad.
Salinas subrayó que su nieta, además de ser menor de edad, se encuentra embarazada, lo que agrava la situación y exige un trato especial conforme a los protocolos de protección a menores y mujeres en condición de vulnerabilidad.
Indicó que acudió al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), lugar al que fue trasladada una de sus familiares, en espera de las indicaciones de la Procuraduría del Menor.
Asimismo, denunció la falta de respuesta por parte de autoridades municipales, incluido el alcalde, a quien aseguró haber intentado contactar desde la madrugada sin obtener contestación.
La regidora también acusó que presuntamente se les exige el pago de 4 mil pesos por cada persona detenida para lograr su liberación, situación que rechazó de manera categórica, al exigir que se muestren pruebas y que cualquier procedimiento se lleve a cabo conforme a derecho.
Finalmente, Gilda Salinas recordó que la ley establece un periodo máximo de 36 horas para una detención administrativa, por lo que insistió en que el caso debe atenderse con estricto apego a la legalidad y al respeto de los derechos humanos.
Confirmó que personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) intervendría para verificar que el proceso se lleve a cabo conforme a la ley.
