Ciudad Mendoza, Ver.- En un acto que raya en la ilegalidad, el coordinador de Bares y Cantinas del ayuntamiento de Ciudad Mendoza, Israel Hernández, junto con el director de Obras Públicas, Arturo Vargas Arceo, condicionaron la entrega de obras públicas a cambio de votos para el candidato del Partido del Trabajo (PT), Gustavo Sánchez.
Los hechos ocurrieron durante un evento donde, al calor de las copas, los funcionarios vociferaron sus promesas ante pobladores de Necoxtla. La actitud de los servidores públicos no sólo viola los principios de neutralidad electoral, sino que constituye un claro delito de coacción del voto.
La ley prohíbe expresamente el uso de recursos públicos para influir en las preferencias políticas de la ciudadanía, algo que, según testigos, ocurrió de manera descarada. Este hecho mancha la imagen del gobierno local y del partido que pretenden beneficiar.
Se consideró como preocupante que sean precisamente funcionarios vinculados a la administración municipal quienes promuevan estas prácticas, aprovechando su posición para presionar a comunidades vulnerables.
La ciudadanía pidió que este caso se investigue de inmediato por las autoridades electorales, como el Instituto Nacional Electoral (INE), así como por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
De comprobarse los hechos, tanto Hernández como Vargas Arceo podrían enfrentar sanciones administrativas e incluso penales, además de poner en entredicho la campaña del candidato del PT.
Más allá de las posibles consecuencias legales, este episodio refleja una práctica nociva que sigue vigente en la política mexicana: el clientelismo.
En el video que obra copia en la redacción, se observa a los funcionarios sentados alrededor de una mesa con varias latas de cerveza y platos con cacahuate tostado enchilado, y en ese encuentro, presuntamente condicionaron la entrega de obras en la comunidad de Necoxtla a cambio de votos a favor del abanderado petista.
Según testigos, los funcionarios no sólo rompieron con la imparcialidad que exige la ley, sino que lo hicieron sin el más mínimo pudor.
El uso de recursos públicos con fines electorales es un delito que hiere la democracia y perpetúa la desigualdad. En vez de competir con propuestas, algunos servidores públicos siguen apostando por la manipulación y el chantaje.
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