La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) se ha negado en varias ocasiones a entregar información pública sobre expedientes abiertos, verificaciones, sanciones o cualquier otro procedimiento administrativo contra empresas y municipios que han incumplido con la normativa ambiental.
Incluso, la dependencia que encabeza el procurador Sergio Rodríguez Cortés se ha negado a entregar información a pesar de que es un derecho ciudadano y ha reservado información por considerar que “pone en riesgo los procesos abiertos”.
Entre algunas de estas solicitudes de información negadas se encuentran las del 5 de julio cuando se pidió el número de amonestaciones, clausuras, suspensiones, sanciones, multas, requerimientos y cualquier proceso administrativo abierto contra ayuntamientos o autoridades municipales por incumplir con leyes en materia ambiental.
Se solicitó la entrega de esta información correspondiente al periodo comprendido entre los años 2018 a 2022; sin embargo, la respuesta de la procuraduría fue que el departamento jurídico no genera la información “en el formato solicitado”, a pesar de no solicitar algún formato en específico.
“Este Departamento Jurídico, no genera la información en el formato solicitado y no está compelido a ello, teniendo como fundamento la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz”, obra en la respuesta de la autoridad ambiental.
Además, la dependencia proporcionó una liga de un documento que no se solicitó y aún así al hacer clic este no abre y despliega el mensaje “Error 404 not found”.
La contestación fue por parte del jefe del Departamento Jurídico de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.
También se requirió a la procuraduría el número de amonestaciones, clausuras, suspensiones, sanciones, multas, requerimientos y cualquier otro procedimiento administrativo que atenta contra la razón social Citrofrut SA de CV por la operación de su planta de procesamiento de cítricos en el estado.
La respuesta de la dependencia fue reservar la información por considerar que entregarla podría “obstruir los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya dictado la resolución administrativa”, lo cual fue avalado por el Comité de Transparencia.
La procuraduría tampoco quiso contestar la solicitud de información en que se requirió el número y monto de multas impuestas a ingenios cañeros ubicados en Veracruz que incurrieron en contaminación; se solicitó informar además los sitios, la fecha de lo ocurrido y la sanción.
Sin embargo, nuevamente la dependencia contestó que “no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información”. Y de esta manera se negó la información igual que en ocasiones anteriores.
A esto se suma que se requirió al organismo el número de órdenes de inspección derivadas de denuncias populares que se han realizado de 2019 a 2023; cuántos operativos o recorridos de vigilancia tendientes a vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental se han ordenado del 2019 a la fecha. Detalle, fecha de la orden, municipio y lugar.
Sin embargo, nuevamente la dependencia afirmó que la ley “no lo obliga” a generar documentos ad hoc y que no tiene “necesidad de elaborarlos” para atender las solicitudes de información.
