El gobierno municipal de Xalapa ha gastado 12 millones 700 mil pesos en auditorías para fiscalizar el gasto en obra pública de los años 2022 y 2023, incluso, para la revisión de la Cuenta Pública de 2021, la última del gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero.
Datos públicos en la página del ayuntamiento confirman que la Contraloría Interna, a cargo de Silvia Lavín Hernández, contrató al despacho Integral de Contadores Asociados AC para auditar a Rodríguez Herrero, alcalde del periodo 2017-2021 y para revisar a Ricardo Ahued Bardahuil.
La empresa de la Ciudad de México, representada por Adán Espinoza Ugarte, se quedó con tres de los cuatro contratos por más de 10 millones de pesos. Se los asignó Silvia Lavín Hernández, quien fue magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa en la Ciudad de México.
El despacho fue contratado en febrero de 2022 y debía entregar la información en septiembre de ese mismo año. Cada auditoría costó 2 millones 900 mil pesos, es decir, Ricardo Ahued pagó 5 millones 800 mil pesos para volver a revisar el trabajo de su antecesor.
El académico fue de los más criticados en el cuatrienio 2017-2021 debido a que devolvió recursos a la Federación por no ejercerlos o por los constantes cambios a los planes de obra, la operación de la policía municipal, la realización de las obras y el gasto en la compra de luminarias que dejaron de servir en los primeros meses del año pasado.
La primera inspección que hizo la empresa con sede en la Ciudad de México estaba relacionada con el proceso entrega-recepción que se hizo meses antes a la toma de protesta de Ricardo Ahued Bardahuil.
La revisión iba dirigida a dos aspectos fundamentales: elaborar las cédulas y papeles de trabajo requeridos sobre la correcta fiscalización de los recursos del ramo 033, FISM-DF y Fortamun-DF, remanentes de ejercicios anteriores.
Además, debía emitir y hacer entrega al ayuntamiento de un informe que sería remitido al Órgano de Fiscalización respecto de la Cuenta Pública del 2021, el último año de gobierno de Rodríguez Herrero.
La segunda, por la que también se pagaron 2 millones 900 mil pesos, implicaba examinar los ejercicios de 2018 a 2021, “una revisión integral” al gasto que hizo el académico al frente del ayuntamiento.
El tercer considerando del contrato pedía un estudio profundo de la Tesorería, la Dirección de Administración, en cuanto a las adquisiciones; la Contraloría, la Sindicatura, la Dirección de Recursos Humanos, de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Municipal.
Los auditores debían revisar a fondo el manejo de bancos, la adquisición de bienes y servicios, inventario de bienes; deudores y acreedores diversos, ayudas sociales, seguimiento al proceso entrega-recepción, observaciones de auditorías en proceso o pendientes de aclarar; deuda pública, patrimonio y acuerdos de cabildo.
Esta acción pedía examinar desde el momento que se avala el acuerdo del gasto del presupuesto, hasta cómo se había pagado y qué había recibido el municipio. Es decir, se ponía en duda el actuar de la administración municipal.
Las dos auditorías practicadas a Hipólito Rodríguez Herrero la contralora municipal las adjudicó de manera directa, sin buscar una mejor opción económica para revisar su gasto del morenista.
