La diputada panista Joanna Alejandra Felipe Torres propuso reformar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
La iniciativa, girada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, y suscrita por las y los legisladores del grupo parlamentario, busca establecer políticas y acciones que promuevan la capacitación, asesoría y consultoría, para fomentar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en dichos procesos.
Contempla que la Secretaría de Economía (SE) promueva el desarrollo de dichas capacidades, lo cual no sólo beneficiaría a estas unidades, sino que se fomentaría el crecimiento financiero, la competitividad, más y mejores empleos, y disminuiría su informalidad.
En su argumentación, Felipe Torres indicó que las mipymes representan a la mayoría de las empresas en México, que hoy generan 62.5 por ciento de la fuerza laboral y aportan 52 por ciento del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con el Censo Económico 2018.
Explicó que a pesar de que son un motor importante para la economía y el empleo, enfrentan retos diversos como la baja productividad, el cierre de establecimientos, la falta de capacitación, créditos y financiamientos, apoyos gubernamentales, deficiente acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y pérdida de oportunidades para hacer negocios.
Mencionó que sólo 0.30 por ciento de estas empresas participan en los procesos de compras públicas, de acuerdo con el sistema Compranet. Y destacó que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), existen problemas subyacentes respecto a las compras de gobierno a las mipymes, como lograr un piso parejo que les permita ser parte de la proveeduría del Estado, con reglas sencillas y transparentes.
Además, hay una enorme cantidad de requisitos y cierta discrecionalidad al momento de hacer una invitación; normalmente éstas son enviadas a las empresas conocidas por los funcionarios. Por ello, cerca de 70 por ciento de los contratos han sido por adjudicación directa.
Ante este panorama, la diputada Felipe Torres reiteró la pertinencia de mejorar las capacidades de estas empresas como proveedoras del sector público.
