Por Marco Vinicio Saldaña Valero
La delincuencia organizada en el país es un factor de poder que permea los aparatos del Estado y en diferentes esferas determina agenda y clima social, político y económico en el espacio micro territorial, municipal, regional y estatal.
Por eso es importante el reciente informe del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, quien informó que Veracruz ocupa el lugar 25 a nivel nacional en total de delitos por cada 100 mil habitantes.
El sustento de esta posición radica, informó el funcionario, en una lectura del clima criminal del primer semestre de 2019 con respecto al mismo periodo de 2024 y el año anterior, por lo que la incidencia delictiva registró una disminución del 15 por ciento y 13.02 respectivamente. En el caso del robo de vehículo, la reducción alcanzó un 53.8 % frente a 2019, y un 2.3 en relación con el año anterior, siendo este el nivel más bajo desde 2015.
La incidencia delictiva total registró una disminución del 15 por ciento en comparación con el primer semestre de 2019, y del 13.02 respecto al mismo periodo de 2024. En el caso del robo de vehículo, la reducción alcanzó un 53.8 % frente a 2019, y un 2.3 en relación con el año anterior, siendo este el nivel más bajo desde 2015.
Al robo a casa habitación, la disminución es del 46.9 % respecto a 2019 y del 35.5 en comparación con 2024, lo que ubica al primer semestre de este año como el periodo con menor incidencia desde 2016. De manera similar, el robo a transeúnte registró un descenso del 41.1 % respecto a 2019 y del 16.7 en relación con el año anterior.
Uno de los resultados más destacados corresponde al feminicidio, que presentó una disminución histórica del 73.07 % frente a 2019 y del 50 por ciento en comparación con 2024. “Lo que representa un récord histórico de la disminución de la violencia en el estado y lo posiciona en el lugar 27 nacional en la incidencia de este delito”.
En cuanto al homicidio doloso, la reducción fue del 50.7 % respecto a 2019 y del 2 frente al año pasado. Actualmente, el estado se encuentra en el lugar 19 a nivel nacional por cada 100 mil habitantes, con una tasa del 40 % por debajo de la media nacional. En el espacio de la inteligencia, detención y prevención, la Secretaría de Seguridad Pública llevó a cabo 8 mil 140 detenciones, de las cuales mil 684 corresponden a delitos del fuero común y 251 del fuero federal; 435 cateos y mil 918 rescates humanitarios.
Estas cifras anunciadas por Garcés y las noticias cotidianas sobre criminalidad dan cuenta de que no solamente no se debe bajar la guardia sino también que es necesario actuar en el aparato de seguridad desde el ámbito municipal, estatal y nacional.
La información de ayer y hoy nos proporciona un mapa de la organización, operación y territorio en el que operan los grupos criminales, cuándo se disputan mercados o centros de operación, amplitud y ramificación de los mismos.
Por supuesto que la actual posición es un avance en la lucha contra los actos delincuenciales. Sin embargo, hay dos actividades económicas que son vulnerables y frágiles a los actos de esta naturaleza: el turismo y la transportación de mercancías, sin restar importancia a los micro territorios como el que se denunció a la presidenta de la República en campaña en el Norte del Estado.
En un estado eminentemente caciquil, la situación no deja de tener su grado de complejidad, ya que en las regiones más desarrolladas y con una base económica industrializada y en servicios no se descarta que los actores involucrados tengan peso en esferas del poder político y administrativo. Esto requiere que la dependencia estatal, en primer lugar, cuente con equipos altamente capacitados y preparados en técnicas de inteligencia y criminalística capaces de realizar cirugías especializadas, en estructuras sofisticadas y sin daño colateral.
La tarea, hay que entender desde el legislativo, judicial, ejecutivo y sector productivo, corresponde a todos: realizar tareas con acciones que se entretejan en una política de paz, desarrollo social, fortalecimiento de la vida institucional y la legalidad, así como otorgar la mayor garantía y canales de participación a las ciudadanas y ciudadanos, como en el caso de familiares de desaparecidos.
Para tal efecto, es necesario que el gobierno, y particularmente la dependencia correspondiente, diseñe y plantee políticas que involucren a los actores anteriormente señalados y cuente con gestores que motiven y organicen las acciones correspondientes, tendientes a impulsar el clima institucional propuesto.
Hay “una red de macrocriminalidad de Veracruz que se encuentra y opera de forma integrada. Sin embargo, también tenemos dinámicas y lógicas regionales acordes incluso a aspectos geográficos de cada región, pero cuyas lógicas y dinámicas se comprenden cuando se mira a la red de la entidad en su totalidad.”
— Vázquez Valencia, Luis; Daniel Isunza, Ernesto Isunza, Andrea Espinal-Enríquez, Jesús. 2023.
Lo acaecido en Tabasco debe exigir mayor prueba de ácido de cada avance, resultado y plan implementado en el seno de la Secretaría de Seguridad. Insisto, más cuando la información del mapa delincuencial está allí, trazado.
