La magistrada presidenta del Poder Judicial (PJ) del Estado y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, dio a conocer que siguen vigilando la actuación de los jueces y juezas; a la fecha, se han abierto varios procedimientos administrativos sancionadores.
En entrevista, detalló que hay juzgadores con órdenes de aprehensión, uno recluido y otros más ventilando asuntos por medio de amparos.
Esto debe dar certeza a los ciudadanos de que no hay impunidad. Recordó que es la ciudadanía a través de una queja ante el Consejo de la Judicatura quien está atenta al actuar de los juzgadores y su respuesta.
La magistrada presidenta detalló que estos casos se dan a lo largo y ancho del estado en diversos distritos.
En Xico la primera oficina de defensoría municipal en derechos humanos de Veracruz
El ayuntamiento de Xico fue el primero en Veracruz en abrir una oficina de Defensoría municipal en derechos humanos, que se encarga de promover y difundir este tema entre la ciudadanía, pero también a enseñarle cuáles son sus obligaciones.
Alberto Salceda, titular de dicha oficina, menciona que desde enero comenzó a operar a propuesta del alcalde Luis Yoval Maldonado, quien es el mayor interesado en que la población xiqueña esté informada sobre el tema.
Aunque existe el proyecto de abrir otras oficinas en municipios de la región como Teocelo, Ayahualulco, Coatepec e Ixhuacán, Xico fue el primero en contar con esta figura.
Señala que la labor de difusión y promoción la llevan a cabo en escuelas y comunidades, por medio de pláticas, con los niños y jóvenes, y en el caso del ciudadano común se enfocan hacia su relación con el servidor público y en especial con el policía.
En nueve meses de trabajo la principal queja que han recibido en dicha oficina es por abuso de autoridad de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, que se encarga de la seguridad del municipio. Sin embargo, en los últimos días las quejas disminuyeron gracias al trabajo de la Policía Municipal, que aunque carece de certeza jurídica, hace labores de vigilancia y se convierte en puente de comunicación con la población.
Otros problemas sociales que se enfrentan en el municipio tienen relación con la violencia contra la mujer, debido al machismo que predomina en el municipio y a los usos y costumbres que no permiten que la mujer avance.
Menciona además el rapto de jovencitas, muchas veces con la autorización de los padres, a cambio de una parcela o un animal, y se le hace ver a la gente que se puede caer en el estupro, con penas de seis a 20 años de cárcel.
Por último, mencionó que otros problemas que han crecido en el municipio son el trabajo infantil y la drogadicción debido al consumo de cristal, “esto lo combatimos con pláticas en las escuelas, se les informa a los jóvenes de la problemática y las consecuencias, y se les deja que tomen una decisión”.