La noticia es breve y se repite con una frecuencia incómoda: un migrante veracruzano fallece en Estados Unidos y su familia debe organizar una colecta para poder repatriar sus restos.
Esta vez ocurrió con Nabor Dionisio Ascensión, originario de Soledad Atzompa, uno de los municipios más pobres del país, muerto de manera repentina mientras trabajaba en Sacramento, California.
La tragedia personal es profunda, pero el hecho no es excepcional. Y ahí está el problema.
Migrar no sólo implica arriesgar la vida; implica, en demasiados casos, quedar abandonado incluso en la muerte.
El llamado a la solidaridad para traer de vuelta a un paisano revela un costo oculto del modelo migratorio: cuando el ciclo laboral se rompe, el sistema desaparece.
El duelo queda del lado de las familias y el peso económico del regreso recae, casi por inercia, en la comunidad.
La pobreza estructural de municipios como Soledad Atzompa no es un dato accesorio: es la condición que empuja a miles a salir.
Desde territorios donde el ingreso es insuficiente y las oportunidades son escasas, la migración se vuelve una estrategia de supervivencia.
Pero esa misma precariedad convierte la muerte en el extranjero en una carga casi imposible de afrontar sin ayuda colectiva.
La colecta no es un gesto menor ni indigno. Al contrario: expresa una red de apoyo que sigue funcionando ahí donde el Estado no llega.
El pueblo responde, como tantas veces, con lo que tiene.
Pero esa solidaridad, tan celebrada, no debería convertirse en la norma que sustituye a la responsabilidad institucional.
Cuando una comunidad empobrecida debe organizar donaciones para algo tan elemental como devolver a un muerto a su tierra, estamos frente a una falla estructural, no ante un acto heroico aislado.
El migrante es central para la economía mientras envía remesas, sostiene familias y mantiene a flote regiones enteras.
Pero cuando muere, su existencia se vuelve un asunto privado.
No hay un sistema automático, digno y suficiente que garantice la repatriación de restos como parte mínima del reconocimiento a quienes sostienen, desde la precariedad, dos economías al mismo tiempo.
Ni el país receptor ni el emisor asumen plenamente esa responsabilidad.
La muerte lejos de casa intensifica el desarraigo que ya estaba presente en vida.
No se trata solo de un cuerpo que debe cruzar fronteras; se trata de una familia que queda atrapada entre el dolor y la urgencia económica.
El duelo se posterga, condicionado a la capacidad de reunir dinero.
El adiós se convierte en trámite.
Que en Soledad Atzompa la respuesta vuelva a ser comunitaria habla de una fortaleza social que resiste, pero también de una normalización peligrosa: hemos aceptado que la dignidad final de los migrantes dependa de la buena voluntad colectiva.
Esa aceptación es, en el fondo, una renuncia a exigir mecanismos públicos que acompañen a quienes se fueron porque no tuvieron otra opción.
Cada colecta para repatriar a un migrante fallecido es un recordatorio de que el sistema funciona mientras extrae trabajo, pero se desentiende cuando toca hacerse cargo del final.
La solidaridad alivia, pero no corrige.
Y mientras siga siendo la única respuesta disponible, la migración seguirá cargando no solo con el peso del sacrificio en vida, sino también con el abandono en la muerte.
Es deseable que las autoridades del estado se aperciban de este caso.
