Metempolítica
El que no haya prosperado la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados es otro indicativo más de que el sistema político mexicano está infestado por huestes de una clase ostentadora de cargos que pretende mantenerse a perpetuidad incrustada en el gasto público y en los espacios de representación sin someter dicha permanencia a la voluntad del pueblo que teóricamente las llevó ahí. Nos referimos exclusivamente al tema de las candidaturas de representación proporcional o plurinominales, aunque la propuesta contenía otras disposiciones importantes que no se discutieron debidamente ni fueron desglosadas al alcance de la ciudadanía, sino que estuvieron determinadas por una mediatización facciosa y contraria al espíritu de la República.
Pues bien, se supone que estas diputaciones y senadurías personifican una intención latente en la discusión pública, una forma de entender la política que no contendió por algún distrito o que perdió en las elecciones pero que en aras de la diversidad de expresiones y posturas merece, en virtud del apoyo popular logrado como fuerza política (partido), una representación proporcional en el Pleno del Congreso de la Unión para insertarse en los debates donde se constituyen y transforman las leyes e instituciones, entre otras funciones que marcarán el rumbo de la nación, con sus equivalentes estatales —y municipales, pues las regidurías en los municipios se asignan de semejante forma.
Esto se determinó desde los años 70, durante el régimen de partido hegemónico priista, para posibilitar curules opositoras que alzaran la voz, aunque fuera nada más para eso, sin capacidad de incidir realmente en las decisiones ahí tomadas. Ese es el argumento que esgrimieron en esta materia, respecto a la reforma presentada por Sheinbaum, la mayoría de los partidos de oposición, que a falta de un proyecto que atienda la realidad nacional sigue sin ganar nada, y que por ende componen sus grupos parlamentarios principalmente de plurinominales, así como la mayoría del PT y del Partido Verde, aliados del movimiento político que encabeza Morena.
La desaparición de las pluris, aunque en modo alguno sería catastrófica, es difícil de concebir en un sistema partidista y una cultura política que siguen en proceso de maduración como los nuestros, a menos que se pretenda un sistema (pseudo) bipartidista como el estadounidense, donde los dos bloques son las únicas plataformas para la participación electoral e imponen filtros a cualquier expresión del supuesto espectro político (izquierda o derecha) en el que cada uno se inscriben.
Sin embargo, no era la extinción de la representación proporcional lo que proponía la reforma que no logró la mayoría calificada, sino que establecía reglas para no fueran posiciones designadas al arbitrio de las cúpulas, intercambiando favores, protegiendo con el fuero a indeseables y saqueadores del dinero público, y asignándose las pluris como sueldos garantizados a ellos mismos. Ejemplares son los casos actuales de los plurinominales dirigentes de PRI, PAN y PT, Alito Moreno, Carolina Viggiano, (ex) Marko Cortés, el sempiterno Alberto Anaya, y muchos otros como la morenista Diana Barreras, alias “Dato Protegido” y esposa del exaspirante la gubernatura Gutiérrez Luna, el “gobernadoreable” veracruzano Javier Herrera, del Verde, etc., quienes votaron en contra. Muchas veces dobleteaban: si perdían ante el electorado, tenían asegurada la curul por el otro lado.
En su lugar, la reforma establecía para el caso de las diputaciones federales que las 200 plurinominales fueran otorgadas tanto a los 100 mejores perdedores que hayan participado en elecciones, así como otras 100 que iban a ser votadas directamente en las cinco circunscripciones. Mientras que desaparecía los 32 escaños en el Senado que eran designadas por el mecanismo de representación proporcional.
En la cuestión de si se logra la suficiente representatividad popular con la cantidad de legisladores federales que tiene nuestro país (500 diputados, y 128 senadores), basta contrastar la pertinencia de la conformación actual con la de dos países americanos respecto a los que México está detrás en población, economía y territorio: Estados Unidos tiene 435 representantes (diputados) y 100 senadores; Brasil tiene 513 diputados y 81 senadores.
Es menester de la ciudadanía conocer lo que había en la propuesta recientemente rechazada, para imaginarse un sistema electoral diferente, qué le parecía bueno y qué podría haber sido inconveniente o requería ser modificado; asimismo, quiénes la echaron abajo y por qué. No se trata en este caso de un linchamiento, sino de que asuman el costo político de la decisión que tomaron, al negar en este sentido un cambio, escudada detrás de un mecanismo de hace casi 50 años que teóricamente abona a la democracia, pero que en la práctica significa canonjías para una clase gobernante privilegiada y atribuciones metaconstitucionales para los partidos políticos, al determinar éstos quiénes van al Congreso fuera de un marco regulado y a menudo en contra de la voluntad de sus propias bases.
Y los aliados de la 4T que arguyen la necesidad de pluralidad ante su decisión debieran saber, según los fundamentos democráticos que afirman apoyar, que las plurinominales no pueden ser palcos de la élite partidista, sino espacios que se abren a la ciudadanía para representar su movimiento, de lo contrario, sus partidos se confirman como instituciones feudales.
