Melba Haidee González Rosas, integrante de la Organización Nacional de Mujeres del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró que el Plan B de la Reforma Electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, provocará un retroceso en el acceso a los derechos políticos de mujeres y vulnera la paridad de género, y en caso de aprobarse, se iniciará un proceso de inconstitucionalidad.
En conferencia de prensa, la perredista comentó que dicha reforma elimina los mecanismos para atender la violencia política de género, además de la obligatoriedad de los partidos políticos para garantizar la paridad de género, al quitarle esta atribución al Instituto Nacional Electoral (INE) y dejarlo a criterio de los partidos políticos.
Acompañada de Miriam Lagunes, secretaria de Igualdad de Género del PRD estatal y otras integrantes de la dirigencia estatal, destacó que de aprobarse el Plan B de la Reforma Electoral, afectará las leyes secundarias como es el caso de la Ley General de Partidos Políticos, la nueva Ley de Medios de Impugnación y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
“Estas leyes tienen ciertos artículos que vulneran el tema de la paridad de género, las acciones afirmativas, el voto pasivo, el voto activo, las cuales vulneran la democracia y el artículo primero de la Constitución”, añadió.
Por tal motivo, convocó a la población en general a defender la democracia el próximo domingo, cuando se llevará a cabo una marcha a favor del INE; además, indicó que no darán un paso atrás en los derechos adquiridos de las mujeres:
“La ruta a seguir es iniciar un proceso de impugnación, en ese caso, promover la acción de inconstitucionalidad o los amparos colectivos”.
Por su parte, Débora Romero Vázquez comentó que el Plan B trae implícito el retroceso de los derechos políticos ganados por las mujeres.
Por último, puso como ejemplo que una de las reformas le quita al INE la facultad de emitir lineamientos sobre violencia de género para los candidatos.
Cabe señalar que al momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido cerca de 80 controversias constitucionales en contra del Plan B promovidas por el INE, así como de partidos políticos.
