La magistrada presidenta del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, anunció que revisarán los expedientes de las personas privadas de la libertad (PPL) que pertenezcan a un grupo vulnerable, principalmente indígena.
“Tenemos que verificar cada caso en particular atendiendo el marco jurídico, apegados a derecho, conforme la ley. Tenemos que verificar cada caso en concreto y una situación jurídica muy particular para dar impulso a todas estas situaciones que se están dando en el gobierno federal”.
Al respecto, el diputado local del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Bonifacio Castillo Cruz indicó que hay unos 800 indígenas presos en Veracruz víctimas de una mala integración de sus casos. Incluso, que están privados de la libertad por no tener acceso a un intérprete.
Al respecto, Jiménez Aguirre sostuvo que se juzga de acuerdo con los protocolos
“Tienen que contar con un intérprete en el momento en que se sustancia su procedimiento, desde el momento que llegan al juzgado cuentan con el intérprete hasta el momento en que se desahoga su juicio, porque si no ello es objeto de un amparo directo”.
Advirtió que si los jueces inobservan esos derechos humanos dan lugar a amparos, lo que implica que tengan que reponer todo el procedimiento, por lo que –dijo– el Poder Judicial es garante de esos derechos humanos y son puntuales en todas las situaciones que a la postre significan que tengan que reponer el procedimiento y los juicios.
Añadió que el área de Control y Estadística está recabando datos de los internos que pertenecen a grupos vulnerables para saber cuántas están en proceso y cuántas sentenciadas
“Se hará llegar esa información al Congreso y al publico en general”, refirió.
Agregó que hay algunos distritos judiciales donde hay mucha población indígena, como Papantla o Zongolica donde hay un grupo de intérpretes a los que se pide apoyo.
“Cada caso se tendrá que revisar, pero una cosa les puedo afirmar, que cada juzgador en la audiencia se individualiza –el caso– y se verifica si pertenece a una comunidad indígena; en ese momento se pide el apoyo de acuerdo con la lengua indígena de la que es hablante”.
De lo contrario, insistió, habría una violación a los derechos humanos y una reposición del procedimiento a largo plazo
“Sería trabajar dos veces de manera innecesaria cuando es algo que podemos solventar desde un principio, que estén asistidos por un intérprete”.
