Orizaba, Ver.- Cerca de 300 integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana (UV) (académicos, trabajadores administrativos, estudiantes, exrectores y exalumnos en las cinco regiones universitarias) se manifestaron contra la prórroga otorgada al rector Martín Aguilar Sánchez, por considerar que este acto fue ilegal y compromete la institucionalidad de la máxima casa de estudios.
En un documento firmado colectivamente, denuncian lo que califican como un “intransigente e ilegal afán” de Aguilar Sánchez por mantenerse en el cargo pese a que las normas universitarias no contemplan tal posibilidad.
Expusieron que el 2 de julio se reunieron para analizar la situación que vive la UV y decidieron conformar un movimiento orientado a defender la legalidad e institucionalidad universitaria.
Aseguran que no respaldan a ningún candidato a la rectoría en particular pero exhortan a la comunidad universitaria y a la sociedad veracruzana a mantenerse vigilantes y unidos ante lo que consideran un intento de secuestro institucional por parte de un grupo de interés.
“Convocamos a los miembros de la comunidad de la UV, a sus consejeros universitarios y a la sociedad veracruzana a que se unan a esta red para dejar claro que nuestra casa de estudios le pertenece a la sociedad a la que se debe y no al grupo que pretende secuestrarla”, expresan.
El comunicado advierte que el movimiento actuará dentro del marco legal pero exigirá a la Junta de Gobierno que revoque la prórroga otorgada y emita de inmediato la convocatoria y procedimiento de designación del nuevo rector como lo obliga la Ley de Autonomía Universitaria.
Acusan a este órgano universitario de haber actuado fuera de sus atribuciones al aceptar la solicitud de prórroga y señalan que creó un método de consulta inexistente tanto en la ley como en su reglamento interno para justificar su aprobación.
Destacan que esta instancia volvió a transgredir la normativa universitaria cuando designó, de manera tardía y sin respetar los procedimientos, a nuevos miembros para suplir a dos académicas que renunciaron por no estar dispuestas a convalidar decisiones ilegales.
Uno de los nombramientos, acusan, fue de un académico con vínculos de trabajo de más de tres décadas con el secretario académico, lo que constituye un conflicto de interés sancionable según la legislación universitaria.
También recriminan el comunicado firmado por dicho funcionario y directores de área, en el que se asegura que la Junta de Gobierno actuó conforme a los procedimientos habituales para la designación de rector.
A esto responden que “la comunidad universitaria no es iletrada ni manipulable” y que tales afirmaciones son falsas, ya que la ley establece que debe abrirse una convocatoria pública, permitir el registro de candidatos y garantizar la participación informada de la comunidad universitaria.
Los inconformes recalcan que no tienen intereses partidistas ni buscan beneficios personales, sino que su único objetivo es “proteger la legalidad dentro del marco de la institucionalidad”. Aseguran que esta lucha no es contra personas sino contra acciones que consideran ilegítimas y que atentan contra el prestigio y autonomía de la universidad.
“La secuencia de transgresiones y falsedades es muy grave para el funcionamiento autónomo y prestigioso de nuestra casa de estudios porque implica el intento descabellado de secuestro a la Universidad Veracruzana por parte de un ambicioso y bien identificado núcleo de personas”.
Finalmente, hacen un llamado abierto y respetuoso a la comunidad universitaria para no permitir ningún tipo de manipulación que ponga en riesgo el prestigio y el futuro de la UV, insistiendo en que “la universidad no le pertenece a ningún grupo de poder, sino a la sociedad veracruzana”.
