Fernando Inés Carmona
Orizaba, Ver.- Más de 70 organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes se pronunciaron contra la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada al Senado por Claudia Sheinbaum. En un posicionamiento encabezado por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, advierten que la iniciativa representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, libertad de expresión, privacidad y derechos de los pueblos indígenas.
La propuesta plantea la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de una nueva agencia bajo el control directo del Poder Ejecutivo. Esto, junto con una redacción ambigua, abriría la puerta a la censura previa, vigilancia masiva sin salvaguardas judiciales y discrecionalidad en la asignación de concesiones radioeléctricas.
Entre las preocupaciones expresadas en el documento se encuentran la posibilidad de rescatar frecuencias por razones de “seguridad nacional” sin criterios claros, el otorgamiento de concesiones de manera arbitraria y la ausencia de mecanismos de participación indígena en decisiones relacionadas con el espectro radioeléctrico.
La organización también denuncia que la iniciativa replicaría prácticas de vigilancia masiva al conservar datos de comunicaciones durante 24 meses y obligar a su entrega a las autoridades sin orden judicial, lo que vulnera el derecho a la privacidad. Asimismo, critican la posibilidad de bloquear plataformas digitales por “incumplimiento de normativas”, lo que consideran inconstitucional y contrario a los principios de libre circulación de información.
Respecto a los derechos de los pueblos indígenas, el documento critica la falta de reconocimiento al derecho colectivo sobre el espectro radioeléctrico, la ausencia de apoyo a medios de comunicación indígenas y comunitarios, y la falta de fomento a contenidos en lenguas originarias.
Entre las organizaciones firmantes del pronunciamiento se encuentran Abrimos.info, Access Now, Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, Comunicación e Información de la Mujer AC, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Fundación Arcoiris, SocialTIC, Sin Fronteras IAP, Surco Oaxaca, Sursiendo, entre otras. También firmaron periodistas independientes y redes de medios locales como la Red de Periodistas de Juárez y Periodistas Unidos.
Ante este panorama, el pronunciamiento formula diversas recomendaciones clave para corregir las vulneraciones detectadas, reconocer el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas y afromexicanos, y garantizar su autonomía y el uso del espectro.
Asimismo, organizar consultas previas, libres e informadas para proyectos de infraestructura o asignaciones de espectro en territorios indígenas, establecer fondos públicos de apoyo a medios indígenas y comunitarios, fomentar la producción y acceso a contenidos en lenguas originarias, diseñar mecanismos de participación directa de la sociedad en la política pública en telecomunicaciones, eliminar facultades que permitan el bloqueo de plataformas digitales o la recopilación de datos de usuarios sin garantías judiciales, proteger la privacidad de las personas mediante salvaguardas eficaces contra el acceso arbitrario a sus datos.
También, evitar el uso de conceptos ambiguos como “seguridad nacional” o “interés público” como justificación para la censura previa, aplicar un test de legalidad, necesidad y proporcionalidad para cualquier restricción a la libertad de expresión, incluir estándares internacionales de gestión del espectro que prioricen la consulta pública, el acceso equitativo y la transparencia.
Las organizaciones firmantes exigen al Senado abrir un proceso de discusión abierto, inclusivo y transparente, garantizando que la legislación respete plenamente los derechos humanos.
