A más de una década del violento desalojo de jubilados perpetrado el 23 de diciembre de 2015 en el centro de Xalapa por el gobierno priísta de Javier Duarte, el proceso judicial permanece abierto, sin resolverse y sin sanciones para los principales responsables.
El abogado Juan José Llanes Gil del Ángel, representante de víctimas del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), explicó que la denuncia sigue en espera de resolución luego de que un juez negara la suspensión condicional del proceso a Rolando “N”, decisión que fue apelada.
Destacó que uno de los imputados buscó cerrar el caso mediante una reparación del daño que incluía el pago de 15 mil pesos y una disculpa, lo que fue rechazado por las víctimas. “Pretende que se le permita que, con 15 mil pesos y una disculpa, el asunto muera ahí”, expuso el litigante.
Tras años de presión hacia la Fiscalía, únicamente tres exfuncionarios han sido imputados, sin que hasta ahora exista alguna sanción.
El origen del conflicto se remonta al gobierno de Javier Duarte, cuando comenzaron las fallas en el pago de pensiones desde 2013, lo que dejó a miles de personas, en su mayoría adultas mayores, sin recursos para cubrir necesidades básicas.
Ante ello, pensionados agrupados en la Copipev protestaron para exigir el pago de pensiones y aguinaldos.
El 23 de diciembre de 2015, un operativo policial los encapsuló y desalojó con el uso de la fuerza en el centro de Xalapa.
De acuerdo con registros posteriores, hubo personas lesionadas y periodistas agredidos. La CNDH documentó el uso excesivo de la fuerza, con al menos 200 personas agredidas, aunque la Fiscalía sólo reconoció 30 víctimas. Ese mismo día, el entonces secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, reconoció haber ordenado el desalojo .
En 2016, la CEDH emitió la recomendación 16/2016, mientras que la CNDH se pronunció con la recomendación 32/2018, ambas por violaciones a derechos humanos.
Actualmente, el proceso sigue abierto. La propuesta de desagravio que incluía los 15 mil pesos fue considerada insuficiente por las víctimas, quienes sostienen que el caso requiere una reparación integral que incluya verdad, justicia y medidas de no repetición.
La Ley General de Víctimas establece que esta debe contemplar restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en dimensiones individuales y colectivas, lo cual no se ha cumplido en este caso.
Aunque algunas víctimas ya fallecieron, el proceso puede continuar mediante la representación de familiares, aunque la participación ha disminuido debido al desgaste tras años de litigio.
A más de diez años de los hechos, este desalojo permanece sin resolución, sin sanciones para los responsables y sin una reparación integral del daño para los jubilados afectados.
