Orizaba, Ver.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión abrió un expediente de investigación contra tres funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona de Orizaba, luego de múltiples denuncias por abusos, cobros indebidos y actos de extorsión a usuarios del servicio. La información fue confirmada por Adriana Chávez, vocera del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), quien dio a conocer que además han recibido respuesta de diversas dependencias federales tras las denuncias presentadas.
Los funcionarios señalados son Alejandro Valencia Bastián, superintendente de la CFE; Pedro Alberto Rumilla Bessichy, responsable de la zona comercial Orizaba; y Erick Camporro, encargado de atención a clientes. Las acusaciones incluyen cobros arbitrarios, amenazas de corte, reconexiones indebidas y la imposición de tarifas que no corresponden al consumo real.
“Por una parte, es bueno que el sindicato reconoce que hay errores en la toma de lectura. Pero la realidad es que estos abusos no son errores humanos ni casos aislados: es una práctica sistemática. Se trata de un mecanismo de extorsión institucionalizado”, aseguró Chávez.
Uno de los casos denunciados recientemente involucra a una usuaria que, a pesar de tener luz, fue obligada a pagar mil 67 pesos por supuestos adeudos, además de 80 pesos por reconexión. La única “solución” propuesta por CFE fue fraccionar el pago, opción rechazada por los afectados. “Queremos pagar, pero lo justo”, subrayó la vocera.
Mientras tanto, uno de los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), Víctor García Trujeque, minimizó las denuncias pues aseguró que los manifestantes “no quieren pagar” y atribuyó el conflicto a errores de lectura o malentendidos, sin reconocer que se trate de abusos sistemáticos.
Pero para el FNLS, estas declaraciones evidencian la falta de sensibilidad de la empresa ante el hartazgo social. “Es ofensivo que insistan en que no queremos pagar. Lo que no aceptamos son cobros injustificados que castigan a las familias trabajadoras”, dijo Adriana Chávez, quien agregó que el movimiento se mantiene activo, aunque esta semana no han realizado protestas públicas por encontrarse en proceso de reorganización.
Como parte de la estrategia de lucha, los inconformes ya iniciaron trabajos de coordinación con la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), con quienes preparan un foro regional en Orizaba para visibilizar el problema a nivel nacional y exigir una tarifa justa y la sanción ejemplar a los funcionarios responsables.
“Este foro será un espacio para dar voz a quienes han sido víctimas del abuso de la CFE. Vamos a seguir organizándonos, porque esto no es un caso aislado. Es una realidad que afecta a miles de usuarios”, señaló Chávez.
Los afectados reiteran su disposición a cumplir con sus pagos siempre y cuando sean justos y correspondan al consumo real. “No pedimos favores ni condonaciones. Pedimos justicia tarifaria y que se acabe la impunidad dentro de la CFE”, concluyó.
