Por Hipólito Rodríguez
En el momento actual, es fundamental cuidar la calidad de nuestra democracia. El uso de los medios de comunicación para emitir mentiras y con falsedades destruir la reputación de las personas, es uno de los medios que más ha proliferado para degradar la calidad de la conversación pública.
Difamar es el equivalente de una violación. Si hoy conocemos la indignación de la comunidad por la violencia de género, un repudio generalizado ante la violencia que se ejerce contra las mujeres, también es fundamental dar a conocer nuestro rechazo a las prácticas violatorias de herir y lastimar con mentiras la trayectoria de las figuras públicas que luchan por el bien común y el cambio social.
La libertad de expresión es una conquista de las movilizaciones democráticas en México. El autoritarismo que caracterizó al PRI durante largas décadas, implicó la presencia de medios de comunicación sujetos a la censura y el control estricto de los agentes de gobernación. El autoritarismo compraba periodistas para difundir mentiras. Los periodistas corruptos eran vendedores de silencio. Se reprimía a la prensa y se clausuraban los medios que trasmitían criticas al gobierno. Todos recordamos el episodio más nefasto de ese modo de proceder: cuando se atacó a Julio Scherer y su modelo de periodismo crítico en Excélsior.
Contra ese autoritarismo, la sociedad se movilizó e hizo posible la emergencia de nuevas alternativas de prensa independiente: en pocos años surgieron Proceso, Unomásuno, La Jornada, y muchos medios más. Todos ellos, se constituyeron en medios de expresión responsables, confiables, críticos. El éxito de esos medios independientes se tradujo en el crecimiento del número de lectores y en un impulso muy positivo a elevar la calidad de nuestra lucha por la democracia. Muy a su pesar, el sistema autoritario tuvo que respetarlos, aun cuando muchos actores —dentro y fuera del gobierno— no cejaron en su empeño de acallar las denuncias y bloquear las investigaciones que sacaban a la luz las corruptelas y prácticas nocivas para el interés público. El hecho de que el crimen organizado y los funcionarios asociados a la corrupción ataquen a la prensa libre y lleguen al extremo de amedrentar y asesinar a los periodistas que cumplen con esa labor extraordinaria de informar con objetividad, sigue siendo una practica nefasta.
Veracruz ha padecido de una forma alarmante ese tipo de situaciones. El crimen de atemorizar y dar muerte a los valientes informadores que sostienen a la prensa crítica ha proliferado en nuestra región y eso constituye uno de nuestros mayores agravios. La calidad de nuestra democracia se ha deteriorado por esa razón. En lugar de contar con periódicos confiables, que nos suministren análisis e informaciones basadas en evidencias y reportajes de fondo, lo que tenemos es pasquines y portales que se limitan a emitir chismes entreverados con insinuaciones y opiniones sin más sustento que las ocurrencias del columnista. Se cuentan con los dedos de una mano los medios de comunicación que cumplen con el criterio de informar con investigaciones objetivas sobre el acontecer de la vida pública en nuestra región.
Así, un signo igualmente alarmante del deterioro de nuestra democracia es la proliferación de periodistas que se venden al mejor postor para distraer y dañar con falsedades a los adversarios del antiguo régimen, el autoritarismo y la corrupción. Lo más lamentable es que sigue habiendo políticos y empresarios dispuestos a financiar ese tipo de prácticas. Las plumas mercenarias no existirían si no hubiera quien las pagara. La censura no existiría si no hubiese funcionarios dispuestos a amenazar y comprar el silencio de los periodistas. El miedo a la verdad sigue siendo por desgracia un rasgo de una clase política que no acaba de desprenderse de la cultura política que impuso el PRI a lo largo de años de abusos sobre la ciudadanía. Sofocar la verdad y auspiciar la difamación es una forma de violación: se engaña y se lastima a sabiendas de que se están inventando y distorsionando los hechos. Se llega al extremo de meterse en la vida privada de las personas —una de las formas más graves de la violación— para expulsar del debate razonado el análisis de las diferencias políticas.
Si un gobierno se propuso atacar la corrupción ha sido el que, a partir de 2018, impulsamos con las banderas de MORENA. Sin embargo, ahora aparece, en algunas columnas de prensa, el mensaje de que nosotros somos corruptos, sin dar ninguna prueba de sus dichos. Cabe recordar que, gracias a que implementamos medidas para abatir la corrupción, Xalapa se convirtió en el municipio más transparente del estado de Veracruz. El Instituto Mexicano de la Competitividad, un organismo independiente impulsado por el sector privado, así lo reconoció al terminar el año 2021. Pero de esto, curiosamente, no hablan ni se atreven a recordarlo.
De hecho, las auditorias realizadas por la Auditoria Superior de la Federación y el ORFIS ayudan justamente a evitar cualquier desvío de recursos. En todo caso, si algún funcionario ha sido señalado por alguna irregularidad, ésta tendrá que aclararse por parte de ellos. La instrucción que recibieron todos los miembros de nuestra administración fue conducirse siempre con apego a derecho y rendir cuentas de forma permanente del uso de los fondos públicos.
De hecho, desde el primer día nosotros presentamos denuncias contra aquellos que, en pasadas administraciones, incurrieron en corrupción. Por ejemplo, en CMAS, donde múltiples funcionarios se asignaron salarios exorbitantes que no contaban con la autorización institucional para cobrar ese dinero. Luego de 18 años en que CMAS registraba siempre pérdidas, se logró cambiar el esquema. Desde el principio, se empezó a poner orden en ese organismo, atacando los abusos en todas las dimensiones en que estos se presentaban.
Desde un comienzo nuestra administración atacó ese tipo de privilegios mal habidos. Se construyó, de cara a nuestros ciudadanos, una política de austeridad. Y en ese sentido se votó que las remuneraciones de los ediles se redujeran, de 200 mil pesos que se ganaba en la época de Américo Zúñiga, a 60 mil pesos y no se admitió el pago de compensaciones mensuales. Si se toma en cuenta los ahorros que esto generó, puede entenderse porque hubo más obra pública. Ahorramos cerca de 140 mil pesos al mes por cada regidor. Si lo multiplicamos por 13 meses, tenemos ahorros anuales por 1,820,000 pesos. Y si esto lo multiplicamos por los 13 regidores que cobraban ese dinero, tendremos un ahorro total de 23,660,000 pesos. ¡Más de 23 millones de pesos que pudieron destinarse a atender necesidades de la comunidad!
La corrupción también se atacó generando dispositivos para que la obra pública se concursara en licitaciones competitivas, de modo que se lograra contratar a las empresas que dieran los mejores precios. La falta de transparencia en la asignación de la obra pública es uno de los nichos de oportunidad para que la corrupción se lleve el dinero público. Con frecuencia, la ciudadanía nos señalaba ese vicio de las anteriores administraciones: el diezmo, el moche. Es decir, un soborno de un 10% —o a veces un 20%— a los funcionarios públicos para que entregaran la obra pública a empresas que deseaban trabajar pero no tenían otra manera de conseguir el contrato. ¡Imaginen ustedes la cantidad de dinero que se desviaba con esos procedimientos! Las consecuencias de esas malas prácticas podrían apreciarse en dos sentidos. Por un lado, vean ustedes la riqueza y las mansiones de los funcionarios municipales del antiguo régimen. Por otro lado, veamos que las empresas constructoras que entregaban el diezmo tenían que suministrar obras de mala calidad puesto que tenían menos dinero para realizarlas. Así, eso explica, por dar un ejemplo, los malos pavimentos (baches), la tardanza en la realización de las calles y la mala calidad de las obras hidráulicas (fugas y coladeras rotas).
Combatir la corrupción ha sido una prioridad del proyecto político de MORENA. No obstante, dado que ese es un principio que el movimiento enarbola, sus adversarios están muy atentos a cualquier falla en ese sentido. Para la oposición, el reto es desprestigiar a MORENA, buscando por todos los medios alguna prueba para dañar su reputación. Por ello, no han faltado ataques cuyo propósito es claro: “miren —dicen— todos son iguales, no se distinguen de los políticos de antes”. Sabiendo que eso iba a ocurrir, hemos procurado en todo momento rendir cuentas y manejarnos con gran transparencia en el ejercicio de los fondos públicos.
Es claro que nuestro compromiso es honrar ese principio. Si se presenta algún funcionario que no cumple con esa regla ética, las instituciones deben sancionarlo. Abatir años de una cultura política que ha penetrado a todos los partidos políticos, a toda la clase política, exige estar muy atentos y cuidar que no haya transgresiones a la ley. Las instituciones cuya función es vigilar la gestión impecable de los fondos públicos cumplen una tarea fundamental. A ellas las respetamos y consideramos que rendir cuentas ante ellas es la mejor forma de trasmitirle a la sociedad la confianza de que hemos procurado dar cumplimiento estricto de este principio ético: todo dentro del marco del derecho, nada fuera de la ley. La opinión pública puede estar segura de que aquellos que luchamos por abatir esa plaga que tanto daño hizo a Veracruz en las décadas que gobernaron los seguidores de Javier Duarte, no la hemos defraudado.
