Jorge Durand
Es la geopolítica y no las supuestas razones “humanitarias” lo que incide en los flujos migratorios que se generan y atraviesan México.
Durante el siglo XX los momentos de tensión y crisis se resolvieron mediante grandes deportaciones, como las ocurridas en 1921, 1929 y 1939; eran crisis económicas que se expresaban como una contracción del mercado de trabajo. Lo más redituable a nivel económico y político era deportar mexicanos por razones geopolíticas de vecindad. Nadie pensaba deportar a inmigrantes polacos o italianos, por ejemplo, que también estaban desempleados.
Con la Segunda Guerra Mundial, como también sucedió en la primera, la crisis fue de escasez de mano de obra y la vecindad fue un factor decisivo para importarla y sustituir a los cientos de miles que se habían enrolado para ir al frente de guerra. Y por primera vez se dio un acuerdo entre los dos países: el llamado Programa Bracero que duró 22 largos años (1942-1964), un convenio complicado y conflictivo, pero al fin y al acabo bilateral.
Luego se pasó a una fase de pragmatismo por parte de Estados Unidos, para qué hacer convenios si los mexicanos llegaban de todos modos a trabajar, no importaba que fueran indocumentados, total, en cualquier momento se les podía deportar dado que eran vecinos (1965-1985). El pragmatismo también se dio del lado mexicano, con la llamada “política de la no política”, el asunto migratorio era un problema del vecino del norte.
20 años después, el pragmatismo les pasó la factura a los estadounidenses, 4 millones de indocumentados eran demasiados. Se reconocía la importancia de la mano de obra para la economía, pero había que regularizar su situación. Y de manera casi inexplicable, la propuesta de Ley Simpson y Rodino fue firmada por el presidente Reagan y 2.5 millones de mexicanos fueron legalizados con la Ley IRCA (1986). México, expectante e incrédulo, se congratuló con la decisión y profundizó su política de contacto y apoyo a la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos.
El siglo XX concluyó con tres dinámicas paralelas, un intenso proceso de reunificación familiar de hijos y cónyuges de los legalizados; una ley migratoria correctiva, represiva y persecutoria, firmada por Bill Clinton, en 1996 (IIRAIRA) y, como consecuencia de la nueva política, el fin de la tradicional migración de tipo circular que caracterizaba a los mexicanos.
El siglo XXI se distingue por la irrupción de la migración en tránsito por México y el cambio de patrón migratorio de la migración indocumentada masculina a la migración familiar y la solicitud de refugio. La emigración mexicana pasa a segundo plano y por primera vez en la historia la Patrulla Fronteriza detiene a más centroamericanos que mexicanos.
La migración en tránsito por México, de características masivas, entró en la agenda bilateral y se intensificaron las presiones para que México controlara el flujo.
La emigración mexicana comenzó a perder fuerza y se hizo evidente un cambio sustancial, la disminución progresiva de la emigración indocumentada a partir de 2008 y el incremento de la migración legal, principalmente debido a la reunificación familiar, así como de naturalizaciones.
La migración en tránsito se diversifica notablemente en cuanto a países de origen, además de El Salvador y Guatemala en el escenario centroamericano, Honduras se hace presente con fuerza después de que el huracán Mitch devastara al país (1998).
Hacia 2010 los centroamericanos cambian de patrón migratorio y optan por la migración familiar y solicitar asilo. En 2015 se declaró una crisis humanitaria por la llegada masiva de familias y niños a la frontera. El gobierno de Barack Obama presionó y como resultado se formó el Programa Frontera Sur, con el cual se pretendía dar una solución integral a la problemática.
En 2016, de manera inesperada, llegaron miles de haitianos a Tijuana, Baja California, con la esperanza de pasar al otro lado. El escenario se repitió en 2020 con la llegada de miles de haitianos, provenientes de Chile y Brasil, los que de manera organizada dan un portazo en Ciudad Acuña y cruzan el mismo día más de 17 mil personas.
En 2018 se llegó a un punto álgido en la relación bilateral, por el paso de la caravana migrante de más de 7 mil personas que llegó hasta Tijuana. Al año siguiente otra caravana encuentra paso libre en la frontera mexicana y se relajan los controles. En mayo de ese año, el número de migrantes capturados por la Patrulla Fronteriza llegó a 130 mil y la respuesta del presidente Donald Trump fue la amenaza y el chantaje de imponer aranceles a nuestra nación.
La pandemia ralentiza los flujos, pero la presión estadounidense continua con el programa Quédate en México, las listas de espera organizadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la deportación “en caliente” por la aplicación del denominado Título 42. Estados Unidos deporta a México a solicitantes de refugio extranjeros por estas dos vías. Algo totalmente irregular. A esto se añade el reciente acuerdo de deportación de 30 mil extranjeros al mes de cuatro países: Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.
Una selección que nuevamente tiene que ver con la geopolítica son los migrantes de países que no puede deportar Estados Unidos y los a manda a su patio trasero, con anuencia del gobierno.
