José Lima Cobos
La disyuntiva de la nación es optar por la dictadura judicial con corrupción extrema o la honesta democracia que nace del pueblo y sirve al pueblo. Lo contrario es dejar que una minoría incrustada en el poder judicial haga lo que se le hinche, mientras la mayoría de los mexicanos clama por una justicia honesta y clara, destruyendo para siempre la corrupción.
El simple hecho es claro y elocuente, se entiende sin mayor argumento, cuando dos ministros de la Suprema Corte – Pérez Dayán y Luis María Aguilar -, que durante catorce años han violado el artículo 127 constitucional, al hincar el diente a la hacienda pública, atracando a la tesorería de la nación, percibiendo, sin el menor recato y cinismo, más remuneración que el presidente de la república y recaudan recursos para que esos servidores públicos vivan como auténticos virreyes. Ahora actúan en contra de la nación al pretender destruir a la comisión federal, una empresa que sirve a los mexicanos y que es para los mexicanos y el desarrollo del país. Se hace público este descaro y complicidad extrema cuando una asociación de magistrados y jueces brindan su respaldo de forma tan descarnada que es digna de mejor causa. Solo queda la voluntad del pueblo.
Para que no se ponga en tela de duda, en principio, si existía un empate en la votación y se da el caso de que el presidente de la sala, era evidente su repudio por los intereses del pueblo, iba a desempatar la votación mediante un voto de calidad. Lo honesto y prudente de un juzgador era que el asunto se turnara al pleno de la Suprema Corte o bien que otro ministro concurriera, ya que existen intereses opuestos. Sin embargo, a rajatabla se acepta la decisión de un voto de calidad, que aunque exista precedente, no es moral ni jurídico actuar con los dados cargados.
Ahora bien, para que se vea la corrupción y complicidad imperante en esa asociación de magistrados de circuito y jueces de distrito, exhibiéndose como jueces y parte de esa brutalidad, “destacan la trayectoria y trabajo del ministro Pérez Dayan”, y ante el inminente juicio político – del que se han tardado mucho – postean un video que no tiene desperdicio en voz de ese servidor público en que con orgullo y garbo dice: “Estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. Nada nos va a doblar, se los he dicho a todos, el día que la constitución cambie y diga otras cosas, haremos que otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea”.
Como se puede apreciar, el cinismo es extremo y más evidente y fuera de toda duda ante el descaro de utilizar un lenguaje que los exhibe a todos y con él a los demás ministros que ahora se han retirado y a quienes se les debe llamar a cuentas mediante el desafuero, como: Olga Sánchez Cordero, Margarita Luna Ramos, Arturo Zaldívar, Fernando Franco y Medina Mora. Pero los que están en funciones: Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, Pérez Dayan, Laynez y Pardo Rebolledo, que desde 2009 – hace la friolera de catorce años – en que se reformó el artículo 127 de la constitución que no requiere interpretación al ser contundente cuando dice “nadie puede recibir más remuneración que el presidente de la República”. Luego entonces, el juicio político tiene que librarse contra todos y que devuelvan lo indebidamente recibido. Siendo togados y de birrete y según afirman “guardianes de la constitución”, el buen juez por su casa empieza, o que, al “ladrón hay que darle las llaves”.
En las relacionadas consideraciones, si no opera el Estado mexicano por la observancia a la constitución, solo queda un camino, como se apunta en el inicio de esta reflexión: o se transforma el poder judicial desde su raíz, destruyendo la dictadura que quiere imponer o se rinde la república y el Estado mexicano en la humillación infame de la corrupción, que no quiere morir y el cambio a fondo que solo proviene de la democracia no triunfa ante esa resistencia. La suerte está echada, y se advierte, a nadie se le arriendan las ganancias.
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