Javier Franzé (Universidad Complutense de Madrd)
El pasado domingo 24 de marzo se cumplió en la Argentina un nuevo aniversario del último golpe militar encabezado por Videla en 1976. Por primera vez, la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia —festivo inamovible desde 2004— encontró un gobierno, como el de Milei, contrario a la política de Derechos Humanos instaurada desde la recuperación de la democracia en 1983. En su habitual política de provocación, y en nombre de ganar la “batalla cultural”, el gobierno publicó el mismo 24 un video que reafirmaba los tópicos negacionistas.
El negacionismo del terrorismo estatal 1976-1983 de Milei y de su vicepresidenta Villarruel —activista en asociaciones de reivindicación de la “lucha antiterrorista” de la dictadura e hija de un militar involucrado en la represión ilegal— era bien conocido hace tiempo y no lo ocultaron durante la campaña electoral. En un debate con el resto de los candidatos, el ahora presidente caracterizó la represión de aquellos años de modo muy similar al de la última dictadura: según él, la Argentina había sufrido una “guerra” y en ella los militares habían cometido “excesos”. Ni hace falta mencionar que esa apreciación ya fue negada por la sentencia del Juicio a las Juntas Militares, impulsado por el entonces presidente Alfonsín en 1983, la cual probó que la represión había sido un sistemático plan terrorista e ilegal desarrollado por la dictadura militar desde el poder absoluto del Estado.
Los derechos humanos no fueron una política pública más en la Argentina desde 1983 en adelante, sino que se erigieron en el pilar ético-político de la democracia recuperada. Su símbolo es la expresión “Nunca Más”, título del Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) —más conocido en el mundo como Informe Sábato—, creada por el presidente Alfonsín para recoger testimonios de la represión ilegal entre sus víctimas y familiares. Ese “Nunca Más” refería inmediata y principalmente a la represión ilegal y terrorista llevada adelante por la dictadura. Pero también a la violencia terrorista ejercida por las organizaciones armadas en los 70’s y, finalmente, a la inestabilidad institucional que había dominado el país desde el primer golpe militar de 1930, con su secuela de golpes de Estado recurrentes, democracias débiles, proscripciones, persecución, asesinatos y un largo etcétera de daño a los derechos fundamentales, individuales y colectivos. El “Nunca Más” significó en los ochenta el compromiso colectivo de que no se volverían a utilizar la violencia y la muerte como recurso político.
El relato negacionista nació con el terrorismo de Estado en la Argentina, pero es la primera vez que se enuncia desde la más alta magistratura en democracia. Este discurso llama, por una parte, a construir una memoria “completa”, incorporando a ella las violaciones de los derechos humanos cometidas por las organizaciones armadas y, a la vez, pide por otra parte “pasar página y mirar hacia adelante”. También niega la cifra de 30 mil desaparecidos que los organismos de derechos humanos se vieron obligados a estimar debido al carácter clandestino de la represión estatal. Para impugnar ese número, el negacionismo utiliza como “contraprueba” la cantidad recogida fundamentalmente por la CONADEP, unos casi 9 mil desaparecidos confirmados, en lugar de abogar por una investigación de lo sucedido, a lo cual siempre se opuso, puesto que aprobó la Autoamnistía de la dictadura en 1983, rechazó la CONADEP misma, el Juicio a las Juntas y los procesos judiciales en general, acusándolos de revanchistas, ilegales y sectarios. Además, “olvida” que el inicio de la política oficial de derechos humanos en 1983 fue el enjuiciamiento de las cúpulas guerrilleras a la par que las militares. Nada impidió, por otra parte, que los delitos de las organizaciones armadas fueran investigados y castigados.
Otro modo que tiene el negacionismo de relativizar el terrorismo estatal de la dictadura es a través de un rodeo argumental. Al reclamar una Memoria “completa”, se presenta como el adalid de todos los dolores y ocupa una posición humanitaria, que no mira el presunto bando de la víctima. Para ello, pone en primer plano el daño directo sobre la víctima y sus familiares, pero a costa justamente de relegar a un segundo lugar la violencia que lo ha producido. De este modo equipara el terrorismo de Estado con el terrorismo de una organización armada… porque ambos matan. Pero el problema es que el terrorismo de Estado, a diferencia del terrorismo de las organizaciones político-militares, produce un daño añadido al que inflige a la víctima y sus familiares: la impunidad de los culpables, pues impide que sea juzgado por ello. Más aún, tal situación es resultado de un daño anterior: el haber usurpado el Estado a través de un golpe contra un gobierno democráticamente elegido.
El negacionismo de Milei y Villarruel se caracteriza asimismo por presentar el discurso favorable a los derechos humanos desde 1983 a la actualidad como si fuera un relato único, doctrinario, homogéneo y rígido, repetido una y otra vez como dogma por todos y cada uno de sus defensores desde el Estado. No deja de ser curioso que quienes aceptan y hacen propio el discurso de la dictadura enarbolen este tipo de quejas. Pero, además, eso que denuncian nunca ha sido así. Que exista un amplio consenso en la sociedad argentina sobre el par derechos humanos-democracia no significa que sea resultado de un discurso monolítico. Precisamente porque se trata de un relato compartido por fuerzas diversas, que abarca un largo período histórico (1930-1983), acontecimientos diferentes y dolorosos, así como demandas de gran calado, desde sus comienzos —hacia mediados de los 70’s— el discurso sobre los derechos humanos ha sido plural y no ha estado exento de polémicas entre sus partidarios, así como entre sus estudiosos, en términos de periodizaciones, causalidades, conceptualizaciones y estrategias.
Para muestra baste un botón: los dos gobiernos que más hicieron por los derechos humanos, el de Alfonsín (1983-1989) y el de Néstor Kirchner (2003-2007), tuvieron diferencias de interpretación y de caracterización respecto de los años 70’s. Kirchner criticó la mirada de Alfonsín por supuestamente defender la llamada “teoría de los dos demonios”, que habría equiparado la violencia guerrillera a la paraestatal. Por su parte, el alfonsinismo negó tal acusación y criticó al kirchnerismo por lo que entendía era una “apropiación partidaria” de la causa de los derechos humanos. La expresión máxima de esta desavenencia fue cuando el gobierno de Néstor Kirchner agregó en 2006 un nuevo prólogo al informe Nunca Más, criticando precisamente la supuesta “teoría de los dos demonios” presente en el original.
Estas diferencias no impidieron la unidad de acción para la continuidad de una política estatal de justicia, memoria y valoración social de los derechos humanos en democracia. La ciudadanía no está “ideologizada” por la propaganda estatal revanchista desde hace cuarenta años, como sostiene el negacionismo. Si así fuera, no habría condenado el asalto armado del Movimiento Todos por la Patria en 1989 al cuartel de La Tablada o condenado al aislamiento político a los dirigentes de las guerrilleras de los 70’s, por ejemplo.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí, entonces? Sin duda ha habido inconsecuencias y errores en el discurso que anuda derechos humanos y democracia. Quizá la necesidad de subrayar la enorme e inédita barbarie perpetrada por el terrorismo de Estado, en un país marcado por una historia de golpes militares, dificultó el hacer un apartado específico para las voces de las víctimas de la violencia de las guerrillas, que no obstante ya estaban comprendidas —como se dijo— en el “Nunca Más”. Por su parte, el gobierno de Alfonsín retrocedió de mala manera con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, generando decepción en la ciudadanía. El kirchnerismo, por su parte, tendió a patrimonializar la causa, como cuando en su discurso de 2004 en la ESMA Néstor Kirchner afirmó “como presidente de la República vengo a pedir perdón [en nombre] del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante veinte años de democracia tantas atrocidades”, obliterando el Juicio a las Juntas de 1985, lo cual le valió el reproche público del ex presidente Alfonsín, con el que luego se disculpó en privado. También se reprende al kirchnerismo haber sustituido la figura del desaparecido como víctima sin más, por la del militante político, con lo cual por un lado contextualizaba la historia de una parte de las víctimas, pero por otra corría el delicado riesgo de sostener —como los represores— que todos los desaparecidos formaban parte de las organizaciones armadas, lo cual —no hace falta aclararlo— en ningún caso justificaba el tratamiento que el Estado terrorista les dio.
No obstante, los errores de los gobiernos democráticos de Alfonsín y Kirchner en la gestión de esta causa no opacan lo principal: haberla impulsado, hacer justicia y así ayudar a consolidar la democracia nombrando las violaciones a los derechos humanos como lo inaceptable para la sociedad argentina. No es realista exigir que no haya mácula en el desarrollo de procesos mundialmente inéditos como los habidos en la Argentina, que entrañan una enorme dificultad, especialmente en contextos de debilidad política y democrática como el argentino.
Además, y esto es lo principal, el negacionismo no busca restañar esos raspones, sino tirar al bebé con el agua sucia. Sería ingenuo pensar que algo de todo el discurso negacionista, con su gélida y feroz indiferencia por la suerte de miles de seres humanos tragados por el horror de la dictadura, busca reforzar o mejorar la ligazón entre derechos humanos y democracia. Más bien lo que ha sucedido es que el antiguo núcleo duro del negacionismo ha aprovechado el hartazgo de la sociedad por la crisis política y económica para aupar al gobierno a una dupla presidencial negacionista.
No casualmente, lo que anuda todas las incongruencias internas que hemos señalado del discurso negacionista es deshacer el par derechos humanos-democracia. Y el motivo último de ese propósito es la imposibilidad del negacionismo de colocar la democracia liberal y los derechos humanos por encima de su idea nacional-católica, anticomunista, mercantil y elitista de Nación. Esto sí resulta coherente con considerar al Estado —como hace Milei— un problema y una violencia per se a la hora de intervenir en el mercado, pero no cuando ejerce el terrorismo clandestino. De este modo, el problema de Milei parece estar más que con el Estado, como sería esperable de un libertario, con el Estado democrático de derecho, en tanto obligado a observar la legalidad en el uso de su recurso específico: el monopolio de la violencia legítima. Su proclamada defensa de la vida, la libertad y la propiedad “de los argentinos” es, más bien, la de los que su discurso considera “los argentinos de bien”. Aunque quizá ni siquiera los alcance a todos éstos.
Lo que, en definitiva, niega el negacionismo de Milei es que el horror de la dictadura sea lo inaceptable y, por lo tanto, lo común de la comunidad democrática argentina. En su lugar, afirma que lo inaceptable es todo aquello que gusta llamar “colectivismo” o “comunismo”, que incluye los derechos individuales liberales de los que no piensan como él, contra lo cual parece como mínimo querer restaurar la insensibilidad respecto de las violaciones de los derechos humanos que impulsó la dictadura.
