Ana Luz Quintanilla Montoya
Hoy en día se comenta mucho el racismo que sostiene Estados Unidos de Norteamérica sobre migrantes de otros países, principalmente de Latinoamérica, manteniendo una política de superioridad sobre un grupo étnico frente a los demás. Sin embargo, si reflexionamos sobre esto último, es totalmente absurdo, puesto que los grupos racistas que promueven esta actitud repulsiva son, en su mayoría, emigrantes. Estos, al promover mecanismos, sistemas y culturas de deshumanización, discriminación, persecución y exclusión, se encuentran ahora en el gobierno de EUA y entre sus aliados multimillonarios.
La guerra actual contra México no es una guerra debido al narcotráfico, porque, si realmente al gobierno estadounidense le importara el problema del enorme consumo de diferentes estupefacientes en su país –que no es únicamente de fentanilo–, estaría tomando acciones contra ello. Insisto, el mercado se basa en el consumo.
Lo anterior ha llevado a EUA a realizar no solo acciones racistas y discriminatorias, sino también fascistas y nazistas, garantizadas además por el Congreso. A finales de 2024, en Missouri, el senador estatal republicano David Gregory presentó el proyecto de ley SB72, que establece compensaciones para quienes denuncien a extranjeros sin estatus migratorio legal, si la información que brindan a las autoridades resulta en una detención.
Es fundamental tener memoria histórica, pues este tipo de acciones fueron ampliamente promovidas durante el nazismo de Hitler y actualmente por el gobierno de Trump, mediante un programa de cazadores de recompensas que premiará con un pago de hasta 1,000 dólares a quienes denuncien inmigrantes, brindando información para su arresto por parte de las autoridades. Una acción totalmente deplorable y maquiavélica.
No es novedad la discriminación ni el racismo en la historia de EUA. Sin irnos muy lejos en el tiempo, en 1966, el entonces presidente Lyndon Johnson firmó la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (“ICERD” o “Convención”), señalando en ese momento que Estados Unidos “no siempre ha estado a la altura de su herencia constitucional de igualdad para todos”, pero que estaba “en marcha” hacia su cumplimiento, lo cual ni avanzó ni se ha completado.
Asimismo, en el año 2000, Estados Unidos ratificó la Convención y en 1994 informó por primera vez sobre un leve progreso en su implementación al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (“CERD” o “Comité”). Sin embargo, en agosto de 2022, este comité de las Naciones Unidas recomendó nuevamente al gobierno de EUA que adoptara medidas inmediatas y tangibles para eliminar el racismo estructural en el país.
Lo anterior fue señalado también por Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU), al presentar un informe conjunto al comité. Posteriormente, en 2024, la ONU, a través del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia Racial en el Contexto de la Aplicación de la Ley, concluyó en mayo pasado una visita de 12 días a Estados Unidos, en la que pidió al gobierno que redoblara sus esfuerzos para promover la rendición de cuentas por racismo, ante violaciones cometidas por las fuerzas del orden, tanto las que han tenido lugar como las que puedan ocurrir en el futuro.
De acuerdo con ACLU y HRW, el racismo y sus efectos negativos en las políticas estadounidenses nunca se han eliminado y se manifiestan de distintas maneras, entre las que destacan:
- La familia blanca promedio en ese país tiene un patrimonio aproximadamente ocho veces mayor que el de una familia negra promedio, y los graduados universitarios blancos tienen un patrimonio más de siete veces mayor al de los graduados universitarios negros.
- En todo Estados Unidos, hay casi dos millones de personas encarceladas, y la cantidad de personas negras en prisión triplica la de personas blancas.
- La tasa de encarcelamiento de mujeres negras es 1.7 veces mayor que la de mujeres blancas.
- No ha cesado la discriminación en la aplicación de las leyes inmigratorias estadounidenses, incluida la ley penal de reingreso a EUA. Un juez federal determinó que esta ley había sido “promulgada con un fin discriminatorio” y que no se habría aprobado sin la existencia de animosidad racial.
Afortunadamente, en México vivimos un tiempo de unión y reflexión colectiva a nivel nacional, encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, quien definió entre sus 100 promesas como presidenta de México: “Un llamado en contra del racismo y el clasismo en nuestro país”.
Más aún, ante las agresiones del gobierno norteamericano a nuestro país, ha mencionado:
«En estos tiempos en los que aparecen amenazas a nuestra soberanía nacional, en los que el espíritu intervencionista asoma las puertas de nuestra patria, es momento de recordar la historia y nuestra grandeza. México es un país libre, soberano, independiente, no somos colonia de nadie ni protectorado de nadie».
Que quede muy clara esta precisión.
Profesora de la Universidad de Colima
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