La coordinadora del Grupo Multisectorial VIH-Sida, Patricia Ponce, advirtió que la iniciativa para reformar la Ley de Salud de Veracruz y que abroga la Ley Relativa a la Prostitución y Profilaxis Social, significa la “institucionalización” de las violaciones a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.
Al referirse a la iniciativa presentada ante el Congreso local por la diputada Itzel Yescas Valdivia, en coautoría con el diputado Enrique Cambranis Torres, señaló que violenta acuerdos internacionales sobre el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y otros firmados por México desde 1949 con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en donde se establece que no es legal ni obligatorio el control sanitario, tampoco la credencialización forzosa ni las zonas de tolerancia para esta actividad.
La activista indicó que esta iniciativa significaría la institucionalización del lenocinio, al legalizar lo que actualmente ya hacen los municipios: implementar de manera ilegal la credencialización de las trabajadoras, cobrar por ello y obligarlas a someterse a exámenes médicos que en muchos casos están a cargo de “compadres o conocidos”.
Patricia Ponce recordó que en una investigación de 2008 determinó que en el estado de Veracruz había 13 mil trabajadoras sexuales y que a través de las tarjetas de identificación los ayuntamientos obtenían entre 11 y 22 millones de pesos mensuales.
A ello se suma que tras conocer que alguna vive con VIH son exhibidas por el propio municipio, lo que implica violar la confidencialidad de los exámenes médicos.
En ese sentido, el control sanitario establece la obligatoriedad de las pruebas de VIH pero es una violación a la Norma Oficial Mexicana 0010SSA, que señala que las pruebas de detección deben ser voluntarias, gratuitas y confidenciales.
La activista afirmó que la iniciativa no representa ningún avance sino retrocesos porque la obligatoriedad de exámenes como el VIH deben ser pagados por ellas.
Por ello, insistió en que el riesgo de que la propuesta sea aprobada es que se institucionalizaría la violación de todos los derechos de las trabajadores sexuales.
Trabajo sexual se incrementó desde la pandemia
La coordinadora del Grupo Multisectorial VIH-Sida, Patricia Ponce, recordó que en 2008 elaboró un diagnóstico sobre el trabajo sexual en Veracruz, con más de 600 encuestas y más de 80 testimonios; observó que 93 por ciento de las trabajadoras no tiene estudios; 70 por ciento carece de vivienda; 67 por ciento no tiene servicio médico y cerca de 70 por ciento no cuenta con asistencia legal.
Para 2018 eran 13 mil trabajadoras sexuales y eso se sabe porque en los municipios de manera ilegal tienen un padrón con los nombres y datos generales de las trabajadoras. Sin embargo, tras la pandemia por covid-19 esta actividad se incrementó y por lo tanto el número de personas en condiciones de vulnerabilidad también.
Patricia Ponce comentó que Veracruz es el segundo estado a nivel nacional con más trabajo sexual después de Chihuahua, y por ello es necesario atenderlo como un fenómeno multicausal, que tiene que ver con desigualdades, falta de oportunidades, violación de derechos y una cuestión de género.