Erradicar los estereotipos de género y el machismo en los servicios de salud reproductiva en América Latina “sigue siendo una deuda pendiente”, aseveraron organizaciones feministas, que denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la persistencia de la violencia obstétrica en países de la región, incluido México. Este tipo de agresión va desde el uso de lenguaje ofensivo durante el parto hasta la práctica de cesáreas injustificadas y la esterilización no consentida o forzada.
En audiencia pública, Rebeca Ramos, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), expuso que en México el sector público concentra más de 70 por ciento de los partos y se estima que tres de cada 10 han sido víctimas de violencia obstétrica.
Si se desagregan los datos, dijo, se observa que una de cada dos mujeres menor de 20 años con discapacidad sufrió por lo menos un tipo de violencia obstétrica en su último parto.
Refirió que reconocer y nombrar estas agresiones ha contribuido a verlas como una forma de violencia institucional y de género que constituye una violación a los derechos humanos.
No obstante, expuso que sería problemático tipificarla como un delito, porque implicaría atender estas conductas únicamente con acciones punitivas en lo individual. Además, de que ello genera resistencias entre personal de salud que con frecuencia enfrenta condiciones adversas para cumplir su trabajo.
“La criminalización no soluciona la violencia obstétrica como el problema estructural que es”, más bien distrae a los Estados de su obligación de resolver las deficiencias en infraestructura y equipamiento de los centros de salud, refirió.
Asimismo, mencionó que las sanciones penales no cubren las expectativas de las víctimas. Ellas suelen estar interesadas en que el Estado reconozca las experiencias que vivieron, asuma su responsabilidad y garantice la no repetición.
En una audiencia que se llevó a cabo en el marco del 187 periodo de sesiones de la CIDH, Carmen Cecilia Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, recordó que los Estados tienen la obligación de prevenir y abstenerse de practicar violencia obstétrica. Ante la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, representantes de organizaciones de Perú, Chile, Colombia y Argentina, manifestaron que es necesario avanzar en la educación con enfoque de derechos humanos, género, cuidado diferencial, que sea transversal y obligatorio en todas las profesiones de la salud y afines, así como sensibilización permanente al personal de salud.
También que se brinde educación y empoderamiento a las mujeres, niñas y adolescentes en materia derechos humanos, y que se invierta en la infraestructura e insumos que los centros de salud requieren.
