Jessica Xantomila y Jared Laureles
Familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron que se avance en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la muerte de la abogada y activista Digna Ochoa y Plácido, ultimada con un balazo en la cabeza en su despacho el 19 de octubre de 2001 en la capital del país.
“Estamos pidiendo justicia, que se investigue, que se vaya a fondo”, demandó Jesús Ochoa, hermano de la víctima, al conmemorar 22 años del “asesinato cobarde” y luego de que en 2001 las autoridades investigadoras determinaron que había muerto por un “suicidio simulado”.
En conferencia de prensa, Karla Micheel Salas y David Peña, abogados del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, coincidieron en que “el Estado mexicano está en falta, no ha cumplido la sentencia de 2021 y en algunos aspectos sustantivos vemos una clara resistencia”, como en avanzar hacia la autonomía de los servicios periciales y la creación de un premio nacional de derechos humanos con el nombre de Digna Ochoa.
Salas destacó que es necesario fortalecer la unidad especializada para la investigación del caso, creada en 2021. “La principal dificultad que tiene esta área es el tema presupuestal, no hay recursos específicos” para la indagatoria, sostuvo.
Además, “se conformó con servidores públicos enviados de otras áreas que no necesariamente tienen experiencia ni el perfil para trabajar en este tipo de delitos”, y carecen de perspectiva de género.
Lady Carolina Guzmán, del Centro de Justicia y el Derecho Internacional, resaltó que otro de los grandes pendientes es el desarrollo del Protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, que para su cumplimiento la Corte IDH estableció un plazo de dos años, los cuales se vencieron en enero del 2023.
Asimismo, indicó que un aspecto fundamental es el que se incluyan técnicas para investigar la autoría material e intelectual, el funcionamiento de estructuras criminales y “el análisis en torno a otros grupos de poder ajenos al público”.
Al Estado mexicano “le queden tres meses para el siguiente informe de cumplimiento de la sentencia ante la Corte Interamericana y prácticamente vamos a llegar con el mismo que se presentó el año pasado”, que es la disculpa pública a la familia de la defensora, en octubre del 2022, y el nombrar en mayo del 2023 una calle Digna Ochoa, expuso Peña.
