Orizaba, Ver.- Motociclistas y familiares de al menos 22 personas detenidas denunciaron operativos presuntamente ilegales que han derivado en abusos de autoridad, revisiones arbitrarias e incluso posibles actos de corrupción.
Señalaron directamente al jefe de la corporación, César Ignacio Paz Casillas, a quien acusan de ordenar retenes sin sustento legal, instalados principalmente en colonias periféricas y en horarios nocturnos.
Ciudadanos expusieron que estas acciones se hacen sin señalización oficial, sin presencia de organismos de derechos humanos y, lo más delicado, sin una orden escrita que justifique la revisión de ciudadanos.
Videos difundidos en redes sociales exhibieron forcejeos, discusiones y detenciones que, según los afectados, ocurrieron sin que se les explicara el motivo.
Varios denunciantes mencionaron que tras el aseguramiento de sus motocicletas elementos habrían solicitado dinero en efectivo para liberarlas.
Las 22 detenciones reportadas en la última semana afectan principalmente a trabajadores y repartidores, quienes dependen de sus motocicletas para subsistir.
Para ellos, más que acciones para brindar seguridad son medidas que golpean directamente su economía y vulneran sus derechos.
Al respecto, cabe mencionar que el artículo 16 de la Constitución federal establece que nadie puede ser molestado en su persona o bienes sin un mandamiento escrito de autoridad competente.
A esto se suma el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que considera inconstitucionales los retenes sin causa justificada o flagrancia.
Pese a los señalamientos, hasta ahora el ayuntamiento de Orizaba no ha fijado postura. Tampoco ha respondido el titular de la Policía Vial ante las acusaciones de abuso de autoridad y posibles actos de corrupción.
Ante el silencio oficial, familiares de los detenidos exigen la intervención del alcalde Hugo Chahín Kuri, de la Contraloría municipal y del área de Asuntos Internos para investigar lo ocurrido.
