Orizaba, Ver.- El campo, la estabilidad social y la seguridad hídrica de México están en riesgo por la entrega de agua a Estados Unidos, porque el país enfrenta escasez estructural del recurso, una alta dependencia agrícola del riego, desigualdad en el acceso al agua y una gestión hídrica insuficiente, todo ello agravado por presiones externas y el cambio climático, advierte Agustín Corona, licenciado en Agronegocios.
De acuerdo con el especialista, el principal problema radica en que el país enfrenta una crisis hídrica estructural mientras se ve obligado a cumplir un compromiso internacional firmado bajo condiciones completamente distintas a las actuales. “México está entregando agua que hoy necesita para producir alimentos, sostener economías regionales y garantizar el abasto básico a la población”, señaló Corona.
La decisión de México de cumplir con la entrega de agua a Estados Unidos, en el marco del Tratado de Aguas de 1944, ocurre en un contexto de escasez severa que amenaza directamente al campo mexicano, incrementa el riesgo de conflictividad social y compromete la seguridad hídrica del país, precisa.
Uno de los impactos más graves se presenta en el sector agropecuario, por ejemplo, en el norte del país, donde gran parte de la producción depende del riego, la reducción de volúmenes disponibles limita los ciclos agrícolas y pone en riesgo miles de hectáreas de cultivo.
Esta situación afecta principalmente a pequeños y medianos productores, quienes carecen de infraestructura o recursos para acceder a fuentes alternas de agua. “Sin agua no hay siembra, y sin siembra no hay ingresos ni alimentos”, subrayó.
La falta de agua también incrementa los costos de producción, ya que algunos agricultores se ven obligados a perforar pozos más profundos o a depender de sistemas de riego menos eficientes. Esto reduce la rentabilidad del campo y provoca el abandono de tierras agrícolas, debilitando la economía de regiones enteras cuya principal actividad es la producción de alimentos.
En el ámbito social, la entrega de agua al extranjero en medio de la sequía ha generado inconformidad entre comunidades rurales y productores. Para Agustín Corona, el riesgo de conflictos sociales es alto, ya que el agua es un recurso estratégico y vital. “Cuando las comunidades ven que el agua se va mientras sus presas y canales están secos, se rompe el tejido social y surge el conflicto”, explicó.
La experiencia de años recientes demuestra que la disputa por el agua puede derivar en protestas, bloqueos y enfrentamientos con autoridades. Además, la falta de condiciones para producir en el campo impulsa la migración interna y externa, lo que agrava los problemas sociales y económicos en las zonas rurales.
En el plano económico nacional, el cumplimiento forzado del tratado también tiene consecuencias. La presión de Estados Unidos, acompañada de advertencias sobre posibles represalias comerciales, coloca a México en una posición vulnerable. Según Corona, esto evidencia una relación desigual.
“El agua se está utilizando como un instrumento de presión política y económica, y el costo lo están pagando los productores y las comunidades mexicanas”.
Desde la perspectiva ambiental, la extracción intensiva de agua de presas y ríos para cumplir con los envíos compromete la recuperación natural de las cuencas. La disminución de caudales afecta la recarga de acuíferos y acelera procesos de desertificación, lo que reduce la disponibilidad de agua a mediano y largo plazo. “Estamos consumiendo hoy el agua que necesitarán las próximas generaciones”.
Señaló que esta situación deja al descubierto las deficiencias en la gestión hídrica del país. Infraestructura obsoleta, sistemas de riego ineficientes y grandes pérdidas por fugas agravan una crisis que se profundiza con el cambio climático. “Cumplir el tratado sin fortalecer la política interna del agua es trasladar el problema al futuro”
Para el licenciado en Agronegocios, la entrega de agua a Estados Unidos debe analizarse no sólo como una obligación internacional, sino como una decisión que tiene consecuencias directas sobre el campo, la estabilidad social y la seguridad hídrica de México, tres pilares fundamentales para el desarrollo y la gobernabilidad del país.
