Agencias
Durante los últimos cuatro años el Instituto Nacional de Migración (INM) ha asegurado a más de 30 mil menores migrantes por la ruta migratoria de Veracruz en su intento por llegar a Estados Unidos, pero apenas el 20 por ciento han tenido derecho a un plan de restitución de sus derechos conforme a la ley.
En México existe una ruta de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración que incluye varias etapas, entre ellas la de determinar el interés superior del menor y la restitución de sus derechos.
Según el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el plan de restitución de derechos debe contener, entre otros puntos, el diagnóstico del grado de peligro para la integridad física y emocional del menor, la identificación de cada derecho vulnerado y un equipo multidisciplinario debe definir la medida de protección y la determinación de las medidas.
Pero en el 80 por ciento de los casos, su paso por la ruta no fue notificada ante la Procuraduría de Protección del menor y por ende no se realizó su canalización, ni la emisión del plan de restitución al que tienen derecho y sin este esquema fueron regresados a su país de origen.
La normativa –reformada en 2021– establece que cuando el Instituto Nacional de Migración detecta a un menor migrante debe notificar y canalizar su caso de inmediato al Sistema DIF y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Desde 2021, tras la reforma de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece que “en ningún momento las niñas, niños o adolescentes migrantes, serán privados de la libertad en estaciones migratorias o en cualquier otro centro de detención migratoria”.
El menor –acompañado o no– deberá ser trasladado al Centro de Asistencia Social (CAS) o al albergue más cercano. Mientras que la Procuraduría debe analizar cuál es su interés superior y elaborar un plan de restitución de derechos, que puede consistir en enviarlos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), reunificarlos con familiares en México o Estados Unidos, o regresarlos a sus países de origen.
El INM también debe otorgarles la condición de “Visitante por Razones Humanitarias” a los menores y a sus familiares directos, sin exigir documentos ni pagos. Este estatus es temporal y se mantiene mientras se resuelve su Procedimiento Administrativo Migratorio (PAM), el cual debe respetar los derechos del menor.
En esta ruta se alerta que las autoridades deben considerar las causas del movimiento de menores y su vulnerabilidad, es decir, si han sido reclutados por el crimen organizado, fueron desplazados por la fuerza o su vida corre peligro.
Con este protocolo busca garantizar la protección y restitución de derechos de la niñez migrante en México. Pero a veces, la realidad puede ser otra.
Las cifras que no cuadran
Este el día internacional del migrante, al revisar el boletín estadístico migratorio del INM, que reporta que desde 2021 hasta octubre de 2024, éste da cuenta del aseguramiento de 30 mil 810 niñas, niños y adolescentes (NNA) que van desde los 6 hasta los 17 años, en su mayoría procedentes de países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Ecuador en la ruta migratoria de Veracruz.
Viajaban sin compañía 6 mil 402 menores
Aunque el INM debió notificar su estancia, la Procuraduría informó –vía transparencia– que durante en este periodo sólo realizó 2 mil 905 planes de restitución y 2 mil 881 menores tuvieron un retorno asistido a su país.
También informó que ha recibido 29 solicitudes de refugio en México por parte de menores de las cuales únicamente 11 fueron aprobadas.
Este año, el INM ha reportado –hasta el mes de octubre– el paso de 4 mil 507 menores de edad en la ruta migratoria de Veracruz. De ellos 644 viajaban solos.
Pero el sistema DIF sólo recibió la notificación de 130 menores –es decir el 16por ciento– a quienes realizó un plan de restitución de sus derechos y 106 de ellos tuvieron un retorno asistido.
¿Qué pasa con los demás?
Según estas cifras, más de 24 mil menores asegurados en Veracruz han sido retornados a su país de origen sin un plan de restitución. Esto significa que no se evaluó su situación ni se consideró si su regreso ponía en riesgo su vida o integridad.
Eleazar Almeida, secretario de la Casa del Pan para el Migrante en Coatzacoalcos, explicó en entrevista que el INM no los canaliza al sistema DIF para evitar papeleo.
“¿Qué es lo que sucede? Pues que estos niños simplemente porque vienen con sus padres (los que vienen acompañados) y a los padres yo los voy a deportar, pues yo no voy a perder tiempo en el papeleo. No voy a invertir el tiempo en canalizarlos a la Procuraduría cuando mi interés real es deportarlos o retrasar la parte del flujo migratorio. Lo que hacen simplemente es los concentran y los regresan a la frontera de Chiapas, tal cual”, afirmó.
Almeida reconoce que existe una discrepancia en las cifras reportadas por el INM sobre la niñez migrante. Explicó que, aunque estas cifras se presumen como “rescates”, en realidad corresponden a redadas y que en muchos casos no se activa el protocolo para vincular a los menores con la Procuraduría. Este hecho genera un desfase en los números reportados.
Además, recalcó que no siempre se registran a los menores, lo que facilita su retorno masivo. Aunque las autoridades necesitan documentar estos eventos en el boletín estadístico migratorio, el aumento del flujo migratorio en los últimos años ha sido abrumador.
“Evidentemente, todo esto implica recursos y como no hay interés en realizar acciones adecuadas, la estrategia se limita a capturarlos y devolverlos. Es un ciclo: los regresan al otro lado de la frontera, esperan a que vuelvan a intentar cruzar y los atrapan de nuevo. Esa es la diferencia clave. El INM no siempre canaliza a los menores a los centros de asistencia social, claro que no”, fustigó.
El DIF estatal de Veracruz cuenta con cuatro centros de asistencia social con capacidad para recibir a 100 menores no acompañados o acompañados de sus familias.
