Orizaba, Ver.– A 17 años del caso Ernestina Ascencio Rosario, el médico legista Juan Pablo Mendizábal Pérez continúa pagando las consecuencias de haber sostenido, con base científica, que la mujer indígena murió a causa de una agresión sexual y tortura, una verdad que hoy ha sido confirmada por instancias internacionales, pero que en su momento le costó el empleo y una larga cadena de represalias laborales que persisten hasta la actualidad.
Mendizábal Pérez fue despedido originalmente durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, cuando se desempeñaba como médico legista de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, luego de hacer público que las lesiones encontradas en el cuerpo de Ernestina Ascencio Rosario eran compatibles con un ataque sexual y violencia extrema. Su dictamen contradijo la versión oficial que pretendía cerrar el caso atribuyendo la muerte a causa de una gastritis mal tratada, lo que derivó en su salida de la institución.
Posteriormente, el médico fue reinstalado, pero de nueva cuenta despedido durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, repitiéndose un patrón de castigo institucional por haber sostenido un peritaje incómodo para el poder político. Desde entonces, su situación laboral no ha sido regularizada, pese a los cambios de gobierno y a los compromisos públicos de revisar casos de injusticia cometidos en administraciones anteriores.
Durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, así como en el de Cuitláhuac García y en lo que va de la actual administración estatal, no se ha logrado su reinstalación formal en el cargo que le corresponde, a pesar de las gestiones realizadas y de los argumentos legales y médicos que respaldan su trayectoria profesional.
En total, Juan Pablo Mendizábal Pérez acumula 17 años sin desempeñar funciones en su área, una situación que, aseguran defensores de derechos humanos, constituye una forma prolongada de represalia administrativa.
Desde hace seis años, el médico legista fue trasladado a laborar al municipio de Soledad Atzompa, una reubicación que, de acuerdo con personas cercanas al caso, no tomó en cuenta ni sus condiciones de salud ni su edad, y que ha agravado su situación personal y profesional. Este traslado, señalan, representó un aislamiento laboral que lo mantiene lejos de los espacios donde podría ejercer plenamente su especialidad.
Mendizábal Pérez ha solicitado de manera reiterada ser reinstalado en la Fiscalía con sede en Orizaba, donde anteriormente desarrolló su trabajo como médico legista y donde existen las condiciones para que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con su experiencia y formación. Su petición se sustenta no sólo en razones laborales, sino también en criterios humanitarios, dada su edad y estado de salud.
El caso del médico legista ha cobrado nueva relevancia tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó la responsabilidad del Estado mexicano en la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, y que reivindica implícitamente el trabajo pericial que en su momento fue desacreditado por las autoridades. Para activistas y organizaciones civiles, este fallo deja en evidencia que Mendizábal Pérez tenía razón y que fue castigado por cumplir con su deber profesional.
Defensores de derechos humanos señalan que la falta de reinstalación del médico legista refleja la persistencia de inercias de impunidad y simulación dentro de las instituciones de procuración de justicia en Veracruz.
Aseguran que, pese al discurso de cambio y transformación, no ha existido una reparación integral para quienes fueron víctimas de represalias por decir la verdad en casos de alto impacto.
Asimismo, consideran que el Estado de Veracruz tiene una deuda pendiente no sólo con la familia de Ernestina Ascencio Rosario, sino también con quienes, desde dentro de las instituciones, se negaron a falsear información.
En ese sentido, la reinstalación de Juan Pablo Mendizábal Pérez en la Fiscalía de Orizaba sería un acto mínimo de justicia y un mensaje claro de que decir la verdad ya no debe ser motivo de castigo.
Mientras tanto, el médico legista continúa en espera de una resolución que ponga fin a casi dos décadas de incertidumbre laboral, con la esperanza de que el reconocimiento internacional de los hechos contribuya finalmente a corregir una injusticia que se ha prolongado por 17 años.
