Para las elecciones de 2024, miles de personas privadas de su libertad, no sentenciadas, tendrán derecho a votar, según el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de febrero de 2019, aunque en la prueba piloto, celebrada en junio, solo votó 10 por ciento de los potenciales electores.
Si los comicios fueran hoy, las autoridades deberían organizar el sufragio de casi 100 mil ciudadanos recluidos, pero todavía con sus derechos políticos a salvo.
“En México estamos hablando de alrededor de 40 por ciento de las más de 200 mil personas que están en prisión; es decir, más de 90 mil personas se encuentran en esta condición jurídica”, señaló Valentina Lloret, del Centro de Estudios y Acción para la Justicia Social, en un video divulgado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
También en el programa “Democracia en la mesa”, Ariadna González, consejera del Instituto Electoral de Hidalgo, la primera entidad que aplica la prueba piloto y legisló el voto en prisión preventiva, explicó que en coordinación con las autoridades penitenciarias se obtuvo información relativa al voto potencial de mil 079 personas, internas en cinco centros. Sin embargo, para ejercer este derecho únicamente 130 se inscribieron en la lista nominal y, de este grupo, votaron 116 (por la vía postal), ya que al final 13 cambiaron su situación jurídica y una persona decidió no sufragar.
Como parte de los preparativos de esta votación atípica, se envió una invitación personalizada y las respuestas afirmativas se canalizaron al INE para verificar datos e integrar la lista nominal.
