Luis Bello Estrada
La importancia de la reforma judicial no se justifica únicamente por el nepotismo y amiguismo que impera en los tribunales y juzgados, tanto federales como estatales; eso es peccata minuta. La demora o urgencia selectiva en los procesos que ahí se resuelven y sus veredictos tampoco son lo más trascendente en cuanto a la necesidad de su implementación. Desde luego, la corrupción que predomina en ellos, evidenciada de forma copiosa —como la liberación de criminales confesos que defraudan al Estado mexicano con miles de millones de pesos o asesinos— también es evidente en casos como la condena de mujeres indígenas por décadas, sin claridad sobre el motivo de su encarcelamiento o por delitos irrisorios. La frase de monseñor Romero, “la justicia es como las serpientes, solo muerde el pie del descalzo”, ha sido la moneda de cambio del sistema de justicia en México desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la reforma judicial no tiene su principal razón en la corrupción; implica algo más profundo, que responde a la viabilidad de un modelo económico.
En 2018, con el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), muchos tuvimos la ilusión de un fin, mediato o inmediato, de la corrupción y del abuso sistemático de las élites nacionales, estatales y de los caciques regionales que controlan la vida del país en la política, la economía, la academia y los medios de comunicación. Desde luego, solo en Disneylandia podrían pasar las cosas de manera tan ideal. No obstante, al menos en el Poder Ejecutivo federal se expresaba un proyecto de cambio que daba un giro de timón de 180 grados al rumbo del país, un proyecto que aspiraba al optimista fin del modelo económico neoliberal que dominó hasta entonces en México y en el mundo occidental. No entendíamos por qué el Poder Ejecutivo, y en particular el político más sagaz y trascendente del siglo XXI, que pregonaba el fin de la corrupción, solo lograba incidir en las altas esferas del gobierno federal. En la provincia e, inclusive, en los gobiernos estatales emanados del mismo partido MORENA, como en el caso de Veracruz, temas como un gobierno con una ideología social firme y el fin de la corrupción no solo no avanzaron, sino que, en muchos casos, emularon al pasado y reinstalaron a los mismos grupos prianistas. En demasiados espacios públicos y privados, el modelo económico y la lógica del capitalismo salvaje o neoliberalismo, con su componente mexicano de corrupción, se mantuvo más o menos vigente.
En 2018, con el triunfo de un estadista al frente del gobierno federal, se devolvió a los mexicanos la confianza en un gobierno del pueblo y para el pueblo. Aunque se lograron avances significativos en aspectos sociales, económicos, políticos y de justicia social, no fue posible superar el boicot del Poder Judicial en asuntos cruciales para transformar la vida pública. De haber sido un modelo de gobierno dictatorial, como en los tiempos del PRI y el PAN con el presidencialismo autoritario, se habría logrado, pero esa opción no formaba parte de la esencia del nuevo gobierno. Mientras tanto, la oligarquía usaba todos sus recursos para dinamitar el proyecto de transformación, y su herramienta más valiosa para mantener el modelo neoliberal fue precisamente el sistema judicial: oligárquico, antidemocrático, corrupto y convenenciero, comprometido con los presidentes y actores políticos tradicionales de los gobiernos anteriores.
En ese sentido, el fondo de la reforma judicial reside en entregarle al demos (pueblo) la soberanía para elegir a los juzgadores. Es una reivindicación democrática que permitiría al Poder Ejecutivo federal actuar con mayor justicia. En resumen, es el paso de una Corte oligárquica a una democrática.
