Orizaba, Ver.- Mediante la plataforma Change.org se convoca a la comunidad universitaria y sociedad en general a firmar una petición dirigida al Congreso de Veracruz. El objetivo es instar a la disolución de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, organismo al que se acusa de operar con opacidad, falta de legitimidad y favorecer una extensión indebida en el cargo del rector, doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez; además se pide al Congreso de Veracruz intervenga en este caso y solucione este creciente problema.
La queja central radica en la reciente decisión del órgano colegiado que preside la máxima casa de estudios, al aprobar —sin convocatoria amplia ni consulta efectiva— una prórroga para que el rector Martín Aguilar Sánchez continúe en el cargo hasta el año 2029. Según Rosalba Viveros —quien inició esta petición— y los firmantes, esta extensión vulnera la edad límite prevista por la normativa institucional y el proceso ordinario de renovación rectoral, sumido en prácticas “ilegales e ilegítimas”.
Además, se denuncia que la resolución se tomó a puerta cerrada, sin transparencia ni participación plural. El resultado, afirman los impulsores de la petición, ha sido un clima de desconfianza, división y crisis institucional dentro de la UV. El texto de la petición argumenta que la falta de transparencia y la omisión de rendición de cuentas “ponen en riesgo la autonomía, la estabilidad y el prestigio” de la institución.
La convocatoria contaba hasta este miércoles por la tarde con más de 600 firmas —cifra que va en aumento conforme se difunde entre académicos, estudiantes y la sociedad civil. Aunque en comparación con grandes movilizaciones este número podría parecer reducido, la relevancia del tema radica en lo simbólico que es la voz institucional y ciudadana al alzar la voz ante lo que consideran un quebranto al autogobierno universitario.
La petición fundamenta su exigencia en normas constitucionales, entre las que destaca el artículo 3°, fracción VII de la Constitución, que reconoce la autonomía universitaria, pero exige que ésta se ejerza conforme a la ley, con participación democrática y transparencia.
Asimismo, ley General de Educación Superior, que establece la obligatoriedad de procesos institucionales limpios y participativos en las universidades públicas. Ley Orgánica y estatutos de la UV, que están siendo supuestamente infringidos al extender mandatos sin consulta pública.
Se considera que, ante violaciones graves a la normativa interna, el Congreso del Estado de Veracruz tiene la capacidad legal para intervenir: reformar o disolver la Junta de Gobierno.
En contraste, la Junta de Gobierno emitió el comunicado 05 el 23 de junio, en el que justifica la decisión de prórroga como un proceso “respetuoso, plural y jurídicamente fundado”, enmarcado en la ley de autonomía, su Ley Orgánica y su Estatuto General, pero además se señala: haber realizado una consulta a las diferentes regiones universitarias; revisaron informes de gestión 2021-2025 y evaluaron el plan de trabajo para 2025-2029.
Asimismo, consideran que dicha continuidad contribuye a mantener estabilidad institucional y defensa de los principios de la autonomía universitaria. Por ello, la Junta dio validez al rectorado extendido de Aguilar Sánchez del 1º de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2029.
El siguiente paso en la petición es lograr que el Congreso de Veracruz transfiera atención al caso, evalúe la situación y, en su caso, trabaje en reformas o resoluciones que incluyan la disolución de la Junta de Gobierno actual.
Sin embargo, la propia Junta aduce que no está contemplada legalmente esta posibilidad dentro de la Ley Orgánica de la UV, lo que abre un debate jurídico y político. Paralelamente, se espera que las firmas en Change.org sigan sumándose y que la presión social, académica y mediática incline la balanza hacia un eventual cambio de la composición y del procedimiento dentro de los órganos de gobierno de la UV.
