El exgobernador Javier Duarte de Ochoa, sentenciado a nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, obtuvo un triunfo legal al lograr que la denuncia en su contra por el delito de desaparición forzada fuera sobreseído, es decir, fue cerrado, presuntamente por errores en su integración sin determinar si es culpable o no.
El exmandatario fue detenido el 15 de abril de 2017 en un hotel de Panajachel, Guatemala. A decir de Duarte de Ochoa él mismo se entregó, pues se filtró un video en el cual dijo horas antes que ya había acordado su entrega.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que fue detenido y en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) iniciaron un proceso penal para su extradición a México, donde fue puesto a disposición ante un juez federal para iniciar el juicio en su contra.
Javier Duarte pidió un juicio abreviado, el 27 de septiembre de 2018, donde el juez federal lo sentenció a nueve años prisión, los cuales comenzaron a correr a partir del día de su detención.
A dicha sentencia le restan 513 días y a partir de ahí deberá ser puesto en libertad o tal vez antes dado que desde hace tres años solicitó el beneficio de salir tras cumplir la mitad de su condena y ser su primer delito.
A lo largo de estos últimos años, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz inició una carpeta de investigación en contra de Javier Duarte por el delito de desaparición forzada de persona, por lo cual logró vincularlo a proceso.
Sin embargo, sus abogados lograron obtener un amparo en contra de tal acusación, hasta que finalmente consiguieron que un juez federal sobreseyera el asunto, lo que implica que no se revisa el fondo del asunto, es decir si es culpable o no, sino simplemente que el proceso fue mal integrado y por ende se echa abajo la investigación.
