Extrabajadores del ayuntamiento de Alto Lucero se manifestaron para denunciar que tras más de 15 años de litigio, aún no les han cumplido con los laudos que salieron a su favor. Se trata de 53 personas que laboraban en diversas áreas administrativas del ayuntamiento, quienes fueron despedidos en 2010 e iniciaron su proceso legal en 2011 pero pese a tener sus resoluciones firmes, siguen sin ejecutarse.
“Tenemos una demanda laboral desde el año 2011, tenemos ya 15 años y por eso estamos pidiendo justicia (…) Tenemos derecho a reinstalación y el pago de los nuestros salarios caídos”, expresó Héctor Abel Huesca Contreras, uno de los afectados.
El proceso demoró cerca de 8 años, ya que fue hasta 2019 que obtuvieron una resolución, la quedó firme en 2021 por las instancias federales, pero a pesar de ello, el ayuntamiento no ha cumplido.
Y es que acusan que el problema se ha prolongado debido a la falta de voluntad política de las autoridades municipales, ya que han heredado el adeudo de una administración a otra sin resolver el conflicto. “Los alcaldes anteriores se han desentendido de esta situación, se la van pasando uno al otro, y nosotros seguimos en las mismas”, señalaron.
El monto del adeudo ha crecido y actualmente supera los 80 millones de pesos. “Lo único que se exige es justicia, celeridad en este asunto, porque hay varios compañeros que a través de estos quince años han fallecido y ya no tuvieron la oportunidad de disfrutar algo que ganaron legalmente”.
El abogado de los extrabajadores, José Juan Bernal Melgarete, explicó que una de las principales limitantes para ejecutar los laudos es el marco legal estatal, que restringe medidas de presión efectivas contra los ayuntamientos. “La ley estatal del servicio civil es muy tibia en cuanto a ejercer medidas de presión para obligar a las entidades públicas a pagar los laudos”, señaló.
Detalló que, aunque existe la posibilidad de embargar bienes, en la práctica los ayuntamientos destinan recursos mínimos para cubrir adeudos millonarios, lo que vuelve inviable el cumplimiento.
Ante esta situación, los extrabajadores han solicitado la intervención del Congreso del Estado y de otras instancias, sin obtener resultados.
También han acudido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde presentaron quejas desde hace dos años, sin que hasta el momento exista una resolución.
