La renuncia de Verónica Hernández Giadáns a la Fiscalía General del Estado de Veracruz no sorprendió a nadie. Lo sorpresivo habría sido que permaneciera más tiempo al frente de una institución que, durante su gestión, acumuló críticas, sospechas y un desgaste moral que ya no podía sostenerse ni con discursos oficiales ni con reformas hechas a la medida. Su salida —atribuida formalmente a “motivos personales”— ocurre en el momento exacto en que el marco jurídico para nombrar y remover al titular de la FGE fue modificado. Coincidencia o no, la sincronía revela lo que en Veracruz era un secreto a voces: la fiscalía estaba atrapada en una crisis que la propia titular ya no podía contener.
La gestión de Hernández Giadáns estuvo marcada por un fenómeno que en Veracruz se volvió rutina: la confusión entre autonomía institucional y obediencia política. La fiscalía que dirigió no sólo fue incapaz de avanzar en los casos más graves —desapariciones, feminicidios, violencia criminal— sino que acumuló denuncias de aplicación selectiva de la ley, omisiones deliberadas en investigaciones, incumplimiento de recomendaciones de derechos humanos y actuaciones por consigna. Un aparato penal que actúa al ritmo de las conveniencias del poder deja de ser fiscalía y se convierte en brazo administrativo de intereses ajenos a la justicia.
A lo largo de su administración se identificaron distorsiones institucionales verificables, documentadas por organismos públicos, colectivos de víctimas y resoluciones oficiales. La primera fue la desproporción extrema en el uso de la prisión preventiva. Bajo su gestión, Veracruz llegó a ser uno de los estados con mayor número de personas encarceladas sin sentencia, muchas de ellas por delitos menores, con procesos retrasados o investigaciones deficientes. Organismos de derechos humanos emitieron recomendaciones señalando que la Fiscalía utilizaba la prisión preventiva como castigo anticipado y no como medida excepcional.
La segunda distorsión fue la opacidad sistemática en torno a los casos de desaparición. Varios colectivos denunciaron públicamente que la Fiscalía omitía diligencias básicas, retardaba búsquedas, perdía expedientes o no notificaba avances elementales a las familias. Estas prácticas quedaron asentadas en quejas formales que derivaron en recomendaciones estatales y federales.
Una tercera distorsión fue la parcialidad en la integración de carpetas. Diversos abogados litigantes documentaron inconsistencias recurrentes: desde investigaciones que avanzaban de manera exprés contra ciertas personas, hasta carpetas congeladas cuando los presuntos responsables estaban vinculados a funcionarios o intereses políticos. Esta asimetría quedó registrada en informes de litigantes y organizaciones civiles.
Otra distorsión comprobada fue el abuso de figuras procesales para justificar omisiones. La Fiscalía recurría con frecuencia a declaratorias de incompetencia territorial o a la reclasificación de delitos para evitar asumir responsabilidad en casos de alto impacto. Estos procedimientos, lejos de cumplir una función técnica, terminaban por diluir la investigación y desplazar el problema entre áreas que tampoco actuaban.
Finalmente, en varios casos de alto perfil —incluidos feminicidios que atrajeron atención nacional— se evidenció la falta de peritajes completos, inconsistencias en cadenas de custodia, filtraciones selectivas y contradicciones graves entre los informes iniciales y los dictámenes posteriores. Todo esto fue señalado en reportes de la prensa, auditorías internas y revisiones judiciales.
Estas distorsiones no son rumores: son hechos registrados y denunciados en instancias formales. Son evidencia de una fiscalía que, en lugar de corregir prácticas viciadas, terminó alimentándolas. La renuncia de Hernández Giadáns no puede entenderse sin mirar el mapa de poder que la sostuvo. Su ascenso y permanencia fueron producto de un grupo político específico, una red que la utilizó como pieza útil dentro de un esquema de control institucional. Más que fiscal, fue representante de un bloque interno del gobierno estatal cuyo interés principal no era la justicia, sino la preservación de su influencia. Durante años, la FGE operó como instrumento de ese grupo: una fiscalía acomodada para proteger aliados, perseguir adversarios y administrar equilibrios políticos. No es casual que sobreviviera tanto tiempo en medio del descrédito. No la sostenían los resultados; la sostenía la estructura que la había colocado ahí. Cuando esa estructura se debilitó y la correlación de fuerzas cambió, su salida se volvió inevitable.
La pregunta no es por qué se fue, sino por qué se quedó tanto tiempo. Y la respuesta es incómoda: porque en Veracruz la fiscalía ha sido vista como botín, no como órgano técnico; como campo de fuerza político, no como institución autónoma. La renuncia de Hernández Giadáns es sólo la superficie del problema. Debajo sigue el mismo fondo: una fiscalía construida sobre lodo y arena, incapaz de sostenerse por sí misma.
Para entender el origen y la duración artificial de su poder, es necesario señalar lo que en Veracruz se comenta y se documenta: la fiscalía de Hernández Giadáns formó parte del entramado político encabezado por Eric Cisneros Burgos, exsecretario de Gobierno y uno de los operadores más poderosos del morenismo veracruzano durante el sexenio anterior. Su nombramiento, su blindaje y su permanencia se explican más por esa red que por su desempeño institucional. No se trataba de Morena como totalidad, sino de una fracción interna del movimiento: un subgrupo disciplinado, territorial, vertical, con presencia en áreas clave del gobierno, de seguridad y del Congreso. Ese grupo veía a la Fiscalía no como un órgano autónomo, sino como territorio estratégico para sostener influencia, garantizar lealtades y administrar conflictos. Cuando ese bloque perdió fuerza en el reacomodo del nuevo gobierno, la fiscal quedó sin paraguas político. Lo que siguió fue inevitable.
El reto ahora no es sustituir nombres, sino desmontar el sistema que permitió que una fiscalía se hundiera en el lodo de las complicidades y la arena de las lealtades políticas. Si ese sistema no cambia, cualquier nuevo titular terminará exactamente en el mismo terreno.
