Chocan dos tractocamiones. Un conductor muere, otro sale herido, los fierros aún humean… y la multitud corre, no para ayudar, sino para saquear. Esa escena —ocurrida otra vez en una autopista veracruzana— ya no causa horror, sino resignación. El término “rapiña” se vuelve costumbre, casi un reflejo automático de un país que ha normalizado el despojo en nombre de la sobrevivencia. Pero detrás de cada cerveza robada o caja arrancada de un camión volcado hay algo más que pobreza: hay una derrota ética incubada durante décadas de abandono, desigualdad y adoctrinamiento neoliberal.
Durante casi cuarenta años, se sembró en México una ideología centrada en el “sálvese quien pueda”, en la exaltación del éxito individual y el desprecio por lo común. La educación pública fue desfinanciada, el trabajo precarizado, la solidaridad debilitada. El ciudadano se convirtió en consumidor y la comunidad en un conjunto de competidores. El resultado: una sociedad donde robar al Estado, al vecino o al muerto se percibe menos grave que quedarse fuera del festín del mercado.
La rapiña —palabra antigua que designaba el acto de arrebatar lo ajeno en tiempos de guerra— reaparece ahora como signo de un conflicto no declarado: el del pueblo contra sí mismo. No se roba por hambre solamente, sino también por frustración, por el resentimiento acumulado de ver cómo los poderosos saquean impunemente sin castigo. Es el espejo invertido de los grandes evasores fiscales, de los empresarios que se niegan a pagar impuestos, de los políticos que convierten el poder en botín. La rapiña popular es la versión callejera de la corrupción estructural: ambos nacen del mismo vacío moral, de la convicción de que nadie cuida lo común porque nadie cree ya que lo común exista.
Veracruz, con su historia de abundancia y despojo, es escenario recurrente de ese colapso ético. Las carreteras donde se repite la escena de rapiña no son sólo vías de tránsito: son cicatrices del abandono. A los márgenes de esas autopistas viven familias que nunca vieron pasar el progreso prometido, que sobreviven entre el desempleo y la informalidad, sin presencia real del Estado más allá de la policía que llega tarde o el noticiero que los señala. Allí donde el tejido social se deshizo, la oportunidad de rapiña aparece como un breve simulacro de poder, una inversión perversa de la impotencia cotidiana.
Pero la responsabilidad no puede reducirse al pueblo que corre. La responsabilidad mayor recae sobre un sistema que convirtió la desigualdad en destino y la codicia en virtud. El neoliberalismo no sólo privatizó los bienes públicos: privatizó la moral. Hizo creer que la libertad consistía en acumular sin límite, aunque fuera sobre los restos del otro. Y así, cuando el camión se vuelca, el instinto de auxilio ha sido reemplazado por el instinto de apropiación.
La recuperación de la ética social no vendrá del castigo ni del sermón, sino del restablecimiento del sentido de pertenencia y justicia. La rapiña no se combate con patrullas, sino con políticas de inclusión, con educación cívica, con ejemplo público. Hay que reconstruir la vergüenza como valor y la comunidad como horizonte. Recuperar la idea de que lo que pertenece a uno pertenece a todos, y que el dolor ajeno no es espectáculo ni botín.
Mientras no haya esa reconstrucción moral, cada tráiler volcado será un recordatorio brutal: no sólo se accidenta un vehículo, se estrella un país contra su propio vacío ético.
