Ayer volvieron a coincidir en Palacio Nacional tres expedientes que documentan una sola conducta: agencias estadounidenses que actúan sobre territorio mexicano sin autorización ni consecuencia. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno prepara medidas jurídicas más allá de las notas diplomáticas por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, abatido por un agente del ICE en Houston. La Fiscalía General de la República avanzó su revisión sobre la posible falsedad del embajador Ken Salazar respecto a la participación del FBI en la captura de Ismael Zambada. Y en el fondo de ambos casos reapareció el expediente Álvarez Machaín, el precedente de 1990 que fijó esa misma impunidad: agentes estadounidenses secuestraron en territorio mexicano a un médico para juzgarlo en Los Ángeles.
Salgado Araujo llevaba treinta y cinco años trabajando en la construcción en Houston. La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que embistió una patrulla y que un agente disparó en defensa propia. La familia relata otra escena: lo vieron morir desangrado en el pavimento, cercado por agentes que impidieron cualquier acercamiento y que negaron después información sobre su estado. Diecisiete mexicanos han muerto en operativos del ICE durante esta administración; Human Rights Watch documentó cincuenta y dos muertes bajo esa custodia en los primeros quinientos días de gobierno, diez connacionales. El patrón excede el accidente: es procedimiento.
El caso Zambada sigue la misma lógica en otro terreno. Durante casi dos años el gobierno mexicano preguntó si alguna agencia estadounidense participó en el traslado del fundador del Cártel de Sinaloa. El embajador Ken Salazar respondió que ninguna. Un documento del propio FBI, exhibido ahora en un museo de Nuevo México, contradice esa respuesta y reclama la operación como suya. La secretaria de Gobernación lo dijo sin adornos: las versiones son contradictorias, alguien mintió. La mentira, en este expediente, operó durante dos años como política de Estado sostenida al más alto nivel diplomático.
Esa impunidad tiene mecánica jurídica propia. En 1990, agentes de la DEA pagaron a civiles mexicanos para secuestrar al doctor Humberto Álvarez Machaín en Guadalajara y trasladarlo por la fuerza a Estados Unidos, acusado de participar en el asesinato de un agente encubierto. La Suprema Corte estadounidense avaló el secuestro: determinó que la forma en que un acusado llega a un tribunal no invalida la jurisdicción de ese tribunal, así haya violado tratados de extradición. Esa doctrina sigue viva. Autoriza que un cuerpo armado extranjero decida, sin el consentimiento del Estado mexicano, quién cruza la frontera y en qué condición.
Ese patrón de presión tampoco nace con Trump, aunque cambie de terreno. Miguel de la Madrid Hurtado, inicio del giro neoliberal mexicano, gobernó bajo tutela del FMI y el Tesoro estadounidense durante la crisis de la deuda de 1982. Carlos Salinas, su sucesor, profundizó esa subordinación hasta convertirla en tratado. Hoy el instrumento son las agencias de seguridad. Sheinbaum apuntó ayer en esa misma dirección al distinguir entre Trump y las agencias de su círculo que ejercen la presión real: una estructura de intereses que sobrevive a los sexenios de ambos países, más allá de quién ocupe la Casa Blanca.
Ahí está el hilo que conecta a la patrulla de Houston con el avión exhibido como trofeo: agencias que operan bajo la certeza institucional de que ningún territorio ajeno las limita y que ninguna mentira posterior les costará nada. Esa certeza tiene nombre en la historia del siglo veinte, el de las SS nazis, por ejemplo: cuerpos de seguridad que se atribuyen la autoridad de decidir cuándo la ley deja de aplicarles. Deciden la excepción para sí mismos y exigen la regla para el resto. Esa lógica secuestra a un médico en Guadalajara, dispara en una banqueta de Houston y exhibe un avión como trofeo sin costo alguno. Invocar esa tradición nombra el caso mexicano con precisión histórica.
La exigencia mínima frente a este patrón es jurisdicción real. México debe llevar el caso Salgado Araujo hasta sus últimas consecuencias ante la CIDH y las cortes estadounidenses, exigir al FBI toda la información sobre la captura de Zambada y determinar quién mintió durante dos años a un gobierno aliado. Ningún vínculo comercial ni alianza de seguridad justifica que Washington trate la soberanía mexicana como un trámite opcional. La dignidad de un país se mide en estos casos, cuando el poderoso cuenta con la mentira como recurso y el débil sólo cuenta con la ley. Detrás de esa dignidad hay un cálculo frío: cada expediente sin consecuencia le ahorra a Washington negociar como igual la siguiente exigencia en seguridad, comercio o migración.
