La FIFA no organiza torneos. Administra territorios. Cuando un país acepta ser sede del Mundial acepta también que una corporación privada con sede en Suiza redefina quién manda en sus estadios, qué nombres pueden aparecer en sus muros y qué palabras requieren licencia para usarse en su propio territorio. El modelo se llama “sede limpia”. Lo que produce es más preciso: una cesión de soberanía negociada en privado y ejecutada con los instrumentos del Estado anfitrión.
Los términos son concretos. Banorte invirtió cerca de 300 millones de dólares en la renovación del Estadio Ciudad de México y obtuvo el derecho contractual a poner su nombre en el recinto por doce años. Durante el Mundial, ese nombre desapareció por orden de la FIFA, que prohíbe denominaciones ajenas a sus patrocinadores oficiales. Una empresa mexicana financió la obra; una corporación extranjera decidió cómo se llama. La FIFA es además propietaria registrada del término Mundial. Un negocio local que lo use sin licencia enfrenta sanciones. La pasión colectiva de millones tiene dueño registrado en Suiza, y ese dueño cobra. México aceptó esas condiciones. A cambio obtuvo escaparate, derrama económica y protagonismo regional. El trato le ha funcionado.
Este no es el comportamiento de una federación deportiva. Es el comportamiento de una red de extracción que durante décadas operó protegida por el escudo del deporte. En 2015, la fiscal general de Estados Unidos describió la corrupción interna de la FIFA como rampante, sistemática y profundamente enraizada: dos generaciones de dirigentes que usaron sus cargos para repartirse derechos de transmisión, asignaciones de sede y contratos de comercialización. La organización que le dicta a México el nombre de sus estadios es la misma que durante décadas funcionó como un consorcio de extorsión con logotipo deportivo.
Esa organización eligió a Estados Unidos como anfitrión principal. Y Estados Unidos eligió a Donald Trump como presidente. La combinación produjo lo que era predecible para quien quisiera verlo: un torneo organizado por una corporación corrupta en un país cuyo gobierno convirtió la frontera en un filtro racial.
Trump no boicoteó el Mundial desde afuera. Lo contaminó desde adentro. Irán y Haití, selecciones clasificadas por méritos deportivos, enfrentaron restricciones de visa producto de decisiones políticas de la administración estadounidense. La clasificación deportiva se volvió un dato irrelevante: da igual lo que ocurra en la cancha si la política decide quién puede cruzar la frontera para jugar. Omar Artan, árbitro designado por la propia FIFA, fue bloqueado en el Aeropuerto Internacional de Miami por agentes de la Agencia Federal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Su pasaporte es somalí. La agencia describió el procedimiento como una inspección rutinaria. No explicó el criterio. Un juez internacional acreditado por la federación organizadora fue impedido de ejercer su función por el origen de su pasaporte. Eso no es rutina. Es política aplicada con uniforme.
La FIFA tiene instrumentos para expulsar jugadores, sancionar federaciones y descalificar selecciones. No tiene instrumentos para obligar a su anfitrión principal a respetar los principios que ella misma proclama. Ese vacío no es un accidente. Es la consecuencia de haber construido un modelo que funciona únicamente cuando los estados obedecen, y de haber firmado con uno que no obedece a nadie, ni siquiera a sus propios compromisos.
Los dos se necesitaban. La FIFA necesitaba infraestructura, mercado y un Estado lo suficientemente grande para absorber el costo político del torneo. Trump necesitaba un escaparate de grandeza nacional. Cada uno calculó lo que ganaba. Ninguno calculó –o no le importó– el costo para el deporte. El resultado fue visible desde el primer día: la bandera de Estados Unidos abucheada masivamente en el Estadio Azteca, no por hostilidad abstracta sino por el reconocimiento concreto de lo que el anfitrión había hecho con el torneo que organizaba.
Estaba en la combinación de una corporación sin escrúpulos y un gobierno sin límites. Dos poderes que se eligieron mutuamente, cada uno calculando su ganancia, y entre los dos convirtieron el torneo más visto del planeta en el escenario de su propio estercolero. Quienes pagan la cuenta son los aficionados que no pudieron entrar, las selecciones que no pudieron llegar, el árbitro que no pudo pitar. El pueblo que ama el futbol y no tiene parte en ninguno de los poderes que lo administran.
