La salida de Alejandro Gertz Manero no es una anécdota administrativa: es un parteaguas en la disputa por el control real del Estado mexicano. Durante años, Gertz fue la bisagra que conectó al gobierno con un aparato judicial moldeado para proteger a los poderosos y administrar la impunidad. Pero esa bisagra dejó de ser necesaria en cuanto la transformación adquirió fuerza propia.
El viejo régimen no desapareció: se replegó. Ese repliegue es el Estado profundo, un entramado de intereses permanentes
—militares, judiciales, ministeriales y mediáticos— que no gobiernan abiertamente, pero sí imponen límites, bloquean y sabotean. Son las inercias que sobreviven a sexenios, las mentalidades de cuartel, los pactos de autoprotección entre mandos y jueces, el sistema de filtraciones y chantajes que mantuvo al país disciplinado durante décadas. En ese ecosistema, Gertz fue un pivote tranquilizador: alguien formado en el viejo orden, capaz de calmar al aparato y evitar que reaccionara con fuerza contra la reconfiguración del Estado. Sin ese pivote, el Estado profundo pudo haber activado su maquinaria de sabotaje interno. Pero la transición entró en otra fase, y la permanencia de Gertz dejó de estabilizar para convertirse en freno.
La ruptura se volvió evidente en Ayotzinapa. Bajo su mando, la Fiscalía dejó de ser herramienta y se volvió muro: frenó órdenes contra militares, recicló operadores de la “verdad histórica” y mantuvo cerradas líneas de investigación. Ayotzinapa mostró que la bisagra no estaba oxidada: era un cerrojo que impedía abrir la puerta de la justicia.
Gertz representaba la cultura de autoprotección del aparato anterior. Su salida rompe ese pacto silencioso: por primera vez, el Estado democrático desplaza a un operador estructural del viejo régimen sin que la maquinaria heredada pueda impedirlo. Eso altera el equilibrio interno y abre la posibilidad de tocar los expedientes prohibidos: los que revelan cómo funcionaba la impunidad de élite.
Allí están Israel Vallarta, símbolo del maridaje entre Televisa, García Luna y la AFI; Nuevo Laredo, donde la Marina desapareció civiles; Tierra Blanca, donde policías estatales actuaron como brazo del crimen; los más de 400 desaparecidos en Veracruz bajo el duartismo; Tlatlaya, donde las ejecuciones extrajudiciales fueron reducidas a un par de soldados; San Fernando y Allende, donde crimen y Estado fueron una misma maquinaria; los michoacanazos, montaje político puro; Odebrecht y la red Peña Nieto–Videgaray; y los expedientes de la guerra sucia, cuya desclasificación siempre fue respuesta prohibida.
Todos esos casos se congelaron por la misma razón: el Estado profundo los cuidaba, y el fiscal era su guardián administrativo. Hoy ese cerrojo cayó.
La salida de Gertz no garantiza justicia automática, pero crea la primera posibilidad real en décadas de abrir archivos militares, indagar cadenas de mando, desmontar montajes mediáticos y enfrentar crímenes de Estado sin pedir permiso a los operadores del viejo régimen. La 4T no domina aún al Estado profundo, pero lo fracturó donde más duele: en su capacidad para impedir la verdad.
México entra en la fase donde la justicia deja de ser ficción y empieza a ser posible.
La puerta estuvo cerrada durante décadas.
Hoy, por fin, puede abrirse.
