Es urgente que la Fiscalía General del Estado (FGE) actúe en contra de los responsables de al menos 28 ayuntamientos que enfrentan quebranto patrimonial en sus arcas, al detectarse un enorme desvío y malversación de fondos estimados en más de 3 mil millones de pesos.
Esto lo dio a conocer el diputado Ramón Díaz Ávila, integrante de la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, quien explicó que esas irregularidades administrativas y financieras ya fueron verificadas y comprobadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
En ese tenor, aclaró que no es una especulación, pues ya hay denuncias penales presentadas y municipios tienen más de 20, de ahí la urgencia de la actuación de la Fiscalía, porque hasta el momento se desconoce el avance del procedimiento jurídico respectivo.
Destacó que del total de alcaldes mencionados que enfrentan denuncias por daño patrimonial, tres de ellos ya cuentan con orden de aprehensión, de uno de ellos se desconoce su paradero al huir de la entidad para evadir la acción de la justicia. Evitó mencionar su identidad, para no entorpecer las investigaciones que se siguen.
Respecto al presunto uso de recursos públicos en supuestas labores de proselitismo electoral a favor de la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, por parte de servidores públicos estatales y municipales, declaró que difícilmente el Orfis sea quien tenga que intervenir para este tema, pues no se ha constatado la existencia de desvío de recursos.
Y es que, a través de las redes sociales, se denunció que el ayuntamiento de El Higo apoyó con una ambulancia en esas actividades y un funcionario de Invivienda fue detenido por cooptar el voto de los electores durante la jornada comicial del 4 de junio; la titular del Orfis, Delia González Cobos, aseguró que si el Congreso del Estado le hiciera la petición podría iniciar una investigación al respecto.
Sin embargo, el legislador local petista comentó que el Orfis no tiene atribuciones para llevar a cabo este tipo de investigaciones, sino otras instancias, como la Contraloría General del Estado (CGE).
