El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, presentó en “la mañanera” en Palacio Nacional el informe Cero Impunidad donde exhibió a ocho magistrados y jueces federales que en Veracruz han favorecido a presuntos delincuentes que ante la comisión de delitos graves se oponen a la prisión preventiva como medida cautelar.
Los primeros expuestos fueron los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. Martín Soto Ortiz, Rafael Remes Ojeda y Ricardo Reyes González por dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa contra una persona acusada de pederastia agravada porque, según ellos, “afectaba su derecho a la libertad”, esto el 21 de julio.
Ellos decidieron que un acusado por el delito de homicidio calificado no permaneciera preso a partir del 27 de julio porque consideraron que se le causaría daño a su derecho a la libertad.
El 4 de agosto, Luis Rafael Bautista Cruz, juez tercero de Distrito del Séptimo Circuito, determinó dejar insubsistente la prisión preventiva oficiosa contra presunto homicida “para que el juez de Control imponga otra u otras medidas cautelares”.
Respecto del juez segundo de distrito de procesos penales federales y de amparo en materia penal en el estado, Rafael González Castillo el 18 de mayo ordenó dejar en libertad a un responsable de homicidio doloso calificado “para que el juez de control imponga otra u otras medidas cautelares”.
Mientras que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Séptimo Circuito, María Elena Leguizamo Ferrer, José Suero Alva y Antonio Soto Martínez, el 29 de junio otorgaron amparo a favor de un presunto homicida y pederasta, dejándolo en libertad porque según ellos se vulneraban sus derechos humanos.
Los mismos magistrados, en audiencia del 30 de marzo, 31 de mayo y 15 de junio dieron amparo y revocaron la prisión preventiva oficiosa a cinco acusados de secuestro agravado.
Como lo ha denunciado el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, jueces federales sin argumentos están favoreciendo a delincuentes poniendo en riesgo la gobernabilidad del estado.
