A siete años de la agresión sufrida por policías durante una manifestación, jubilados y pensionados, agremiados a la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) acusan que los responsables de ordenar esta acción, Flavino Ríos Alvarado y Arturo Bermúdez Zurita, ex secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública del gobierno de Javier Duarte, siguen impunes.
Los jubilados y pensionados partieron de los bajos de palacio municipal hacia la plaza Sebastián Lerdo de Tejada cantando La Rama, en una versión de protesta por los adeudos que aún enfrentan, e hicieron un plantón para recordar la agresión sufrida el 23 de diciembre de 2015 cuando reclamaban pensiones y aguinaldo.
Adrián Mendieta, en representación de la presidenta de la Copipev que no pudo asistir, expresó que es un acto de dignidad y resistencia porque después de tantos años la justicia no llega para ellos, al seguir impunes los responsables de la agresión, pese a haber logrado una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En un pronunciamiento leído destacaron que se les ha dado una disculpa pública, después de cuatro años de haber sufrido la agresión y estos personajes siguen impunes, “siguen gozando del dinero que robaron de las arcas públicas, no hay autoridad en este momento que sea capaz de hacer justicia”.
Mencionó que siempre han estado abierto al diálogo y muy firmes en la defensa de sus derechos. “No solamente exigimos su cumplimiento, sino que al mismo tiempo proponemos planes, programas y acciones para mejorar al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y siempre dirigida a su fortalecimiento y a su defensa”.
Destacó que el Copipev desde su conformación en 2012 mantiene la defensa constante de los derechos de los pensionados y jubilados, y defendiendo de sus detractores al IPE.
Destacó que el funcionamiento del IPE ha mejorado en diversos aspectos. Sin embargo, quedan muchos aspectos a mejorar para garantizar su fortaleza, con estructura y organización que asegure un funcionamiento óptimo y una estructura que garantice su solvencia económica para garantizar las prestaciones sociales que indica la Constitución, en la que destacan las pensiones y otros beneficios.