Ricardo Alarcón Peñaloza, presidente de la Asociación Civil Resistencia Ciudadana Xalapeña AC, dio a conocer que este lunes se llevó a cabo la audiencia de término, en contra de la fiscal Dea Guadalupe “N”, para decidir si es vinculada o no a proceso por el presunto delito de abuso de autoridad. En conferencia de prensa, el activista explicó que la servidora tiene varios cargos por abuso de autoridad. Recordó que en 2017, ella y la fiscal Martha Nayelli fueron denunciadas por corrupción en un caso de feminicidio. Las mencionadas habrían falsificado documentación (una factura de automóvil) y liberado en su momento un vehículo a nombre de los familiares de las víctimas.
Expresó que además hubo varias inconsistencias. Les negaron documentación para cobrar el seguro y demás. Ayer a las 12 del día se celebró la audiencia de término para decidir si la vinculan o no por el delito de abuso de autoridad en el Juzgado de Pacho Viejo. Explicó que el vehículo estaba resguardado por la Fiscalía, pues se sigue la investigación por el feminicidio de dos trabajadoras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ocurrido en el año 2016, y que eran la suegra y la cuñada de la ahora demandante, ya que dicha unidad y la casa fueron incautadas. Esta última la vaciaron pero ahora se está atendiendo lo relativo a los daños que le causaron.
Confirmó que en estos hechos pudiera haber más fiscales implicados, por lo que se está en espera de los resultados de esta audiencia, en donde se prevé que prevalezca la justicia. “Y no como hemos visto siempre que han “sido tapaderas tras tapaderas, lo que da una idea de que hay una red de tapaderas completa en la Fiscalía”, añadió.
Por tal motivo, destacó la importancia de “incentivar a la ciudadanía a denunciar a cuanto servidor corrupto nos enfrentemos, sean fiscales, jueces o sean lo que sean, al final del día, esta denuncia presentada es un gran paso para lograr justicia”.
Destacó que mucha gente no se atreve a acudir ante las instancias legales por “el poderío que tiene un fiscal, le tienen miedo y no denuncian”.
En el caso de la servidora mencionada, “se le denunció por fraude y abuso de autoridad, porque cuando los familiares tuvieron acceso a la carpeta de investigación, por su relevancia al ser personal de la SSP, se detectaron varias inconsistencias, más que nada por el tema de personalidad, ya que quienes podían reclamar no tenían la personalidad jurídica, a excepción de la demandante, al tener un poder notarial, que ahora se le está negando”.
Expuso que al hacer la hoja de liberación del vehículo, la fiscal le pidió que denunciara por robo, cuando ella misma lo había hecho con documentación falsa, con lo que buscaba “lavarse las manos”, al cambiar la carpeta y la declaración, para hacerlo pasar como robo. Fue allí cuando se detectó la participación de más fiscales, agencias de vehículos, inmobiliarias, porque parece ser que esto mismo hicieron con inmuebles.
