Sesenta familias, colonos posesionarios de las parcelas 194 y 195 del ejido Santa Ana Atzacan, municipio de Atzacan, demandaron la intervención urgente de la magistrada presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, para que cesen lo que llamaron actos de corrupción imperante en los juzgados segundo y sexto de Primera Instancia de la ciudad de Orizaba, cuyos titulares dictan sentencias a favor de empresarios que maquinan y prefabrican contratos privados entre personas ajenas a la propiedad que ostentan, acusaron.
Paulino López Anzures, representante de los colonos de la colonia Revolución Sector 2 de este ejido, denunció directamente a los jueces Adalberto López Pozos y José Manuel Jiménez Santes, por favorecer a los abogados de dichos empresarios quienes maquinaron y prefabricaron demandas a partir del año 2018.
Expresó que los citados togados dictan sentencias infrahumanas, en menos de un mes determinaron dos sentencias que mantuvieron en secreto en beneficio de los simuladores que presentaron dos contratos privados, sin tener algún derecho como titulares de las parcelas, a sabiendas de que su contrato lo celebran dos personas totalmente ajenas a la titularidad de las parcelas.
Esta situación dijo afecta de manera directa a las familias que con esfuerzo aportamos un recurso para tener un lote de interés social, de las parcelas 194 y 195, en la cual el juez Adalberto López Pozos, al día siguiente de recibir la demanda del empresario Orlando López Olivos envió un oficio al Registro Público de la Propiedad en la ciudad de Orizaba para obstaculizar el trámite de escrituración de nuestros lotes.
Con dicha acción, resultan afectadas más de 60 colonos, dictando sentencia a fin de que el señor Orlando López tenga la liberad de cancelar las escrituras públicas pasadas ante la fe del notario público.
Expresó que se percataron de esta situación al presentarse a la sede del juzgado segundo de Primera Instancia de Orizaba, en donde conocieron de la irregularidad en la que también está coludido el ciudadano Alex Cruz Lara con el empresario López Olivo, y que son totalmente ajenas a la titularidad de las parcelas mencionadas, pero que falsearon contratos privados, supuestamente de fecha 2016, y presentaron la demanda en 2018.
Ambos simulan contratos privados con el propósito de despojar a colonos que adquirieron con antecedentes legalmente protocolizados con escrituras públicas, pasadas ante la fe de un notario público, cuando los predios se compraron directamente con el señor Ricardo Florencio Ortega Vázquez la parcela 194 y Baldomero Vargas Corona, titular de la parcela 195.
Como consecuencia de todas estas irregularidades y de la corrupción imperante en dichos juzgados, los togados incurren en tráfico de influencias debido a los intereses personales que tienen en el ejido de Santa Ana Atzacan, al dictar una sentencia totalmente violatoria a los derechos constitucionales de los posesionarios.
Por todo lo anterior demandan la intervención del máximo tribunal de justicia de la nación para que analice la situación que enfrentan los posesionarios de estos predios y se acabe con la corrupción de estos juzgados, dijo por último.
