La idea de que los jueces sean elegidos por voto popular no es un mero ajuste institucional sino una propuesta de fondo que interpela a los privilegios de las élites y busca colocar al poder judicial bajo el control de la ciudadanía, lo que encierra un significado profundo: convertir a la justicia en un instrumento de equidad y, sobre todo, en una pieza fundamental para consolidar un verdadero Estado de bienestar.
En general, los poderes judiciales de Latinoamérica cargan con una herencia de elitismo. En México, por ejemplo, la Suprema Corte ha sido percibida históricamente como un espacio distante, donde los ministros responden más a compromisos políticos que a las necesidades populares. Casos como los bloqueos a reformas laborales o energéticas progresistas mostraron que, más que árbitros neutrales, los jueces suelen actuar como guardianes del statu quo que beneficia a corporaciones y sectores privilegiados. Lo mismo se ha visto en otros países.
En Argentina, el llamado “partido judicial” ha sido señalado por su connivencia con intereses económicos y mediáticos, mientras que en Brasil la actuación del Poder Judicial fue decisiva para proscribir a Lula da Silva en 2018, alterando el curso democrático del país. Estos ejemplos revelan que la supuesta “neutralidad” judicial es una ficción que encubre posiciones políticas muy concretas.
Algunos países ensayaron caminos distintos. Bolivia, con Evo Morales, fue el primer país de la región en elegir a sus magistrados mediante voto popular (2011). La medida fue presentada como un intento de romper con la herencia colonial y acercar la justicia a los pueblos indígenas y sectores populares.
Aunque el proceso tuvo críticas —particularmente por la intervención de partidos y la baja participación electoral—, abrió un debate crucial: ¿por qué la justicia debería ser un coto cerrado y no un espacio sometido a la voluntad ciudadana? En Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, se implementaron mecanismos de control social sobre jueces y fiscales, con el fin de reducir la impunidad y garantizar que las sentencias respondieran al interés público. Estas experiencias demostraron que democratizar la justicia es posible y que se trata de un terreno en disputa.
Un poder judicial electo por voto popular podría convertirse en un aliado estratégico para consolidar el Estado de bienestar en el país por lo menos en tres ámbitos:
Derechos sociales: garantizar el acceso a salud, educación, vivienda y pensiones no depende solo de leyes aprobadas en el parlamento, sino también de jueces que hagan cumplir esos derechos frente a, por ejemplo, intentos de privatización o desmantelamiento.
Protección laboral: en sociedades atravesadas por la informalidad y la precarización, una judicatura sensible a la clase trabajadora puede frenar despidos masivos, fortalecer la negociación colectiva y sancionar prácticas empresariales abusivas.
Justicia fiscal: la evasión y elusión de grandes corporaciones socavan los recursos para financiar políticas sociales. Un poder judicial comprometido con la mayoría social puede hacer de la tributación progresiva un mandato efectivo.
En todos estos campos, la justicia ha dejado de ser un obstáculo para convertirse en un motor de redistribución. Elegir jueces por voto popular no necesariamente es una fórmula mágica. Existen riesgos de populismo punitivo, en el que candidatos judiciales compitan prometiendo mano dura en lugar de justicia social, combatir las causas. También está la amenaza de la captura de las elecciones por los grandes capitales que financian campañas.
Pero estos peligros ahora disminuyen con medidas claras: financiamiento público exclusivo, prohibición de aportes privados, debates obligatorios y mecanismos de revocación de mandato que permitan remover a jueces que traicionen sus compromisos.
Suponer que el modelo anterior es menos riesgoso es peregrino. En la práctica, los sistemas judiciales no electos son siempre capturados por élites invisibles y sin control democrático. El progresismo históricamente ha defendido que la democracia no debe reducirse a votar cada cuatro o seis años por representantes legislativos o ejecutivos.
Democratizar la economía, los medios de comunicación y también la justicia es parte de un mismo proyecto de profundización democrática y del modelo de bienestar. La elección popular de jueces es una medida para ampliar el poder de las mayorías. No se trata de politizar la justicia —porque ya lo está—, sino de transparentar esa politización y ponerla en manos del pueblo. Un juez electo puede equivocarse, pero deberá rendir cuentas. Un juez nombrado en la oscuridad de negociaciones privadas sólo responde a los intereses que lo promovieron.
En suma, la elección popular del poder judicial no es una utopía ni un capricho populista: es un paso hacia un Estado de bienestar blindado contra la captura neoliberal. Es reconocer que la justicia no puede seguir siendo patrimonio de unos pocos, sino un derecho garantizado por instituciones que emanen de la voluntad popular. Para las fuerzas progresistas, transformar la justicia en un pilar de la igualdad y en una herramienta para hacer realidad la promesa de dignidad para todos.
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