Orizaba, Ver.- La administración municipal de Orizaba enfrenta serios cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) Citlaltépetl, al mantener ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como responsable técnico a un exfuncionario que desde 2025 ya no forma parte del ayuntamiento.
De acuerdo con información obtenida vía solicitudes de transparencia, la autoridad ambiental federal continúa reconociendo a Sergio Paul Hernández como responsable técnico de la UMA Citlaltépetl, con base en un oficio emitido en 2010. Sin embargo, el propio expediente federal carece de datos básicos que acrediten su perfil profesional, como formación académica, experiencia o trayectoria en manejo de fauna silvestre, lo que abre serios cuestionamientos sobre la solidez administrativa del registro.
La normatividad ambiental establece la obligación de mantener actualizada la información del responsable técnico de cualquier UMA, incluidas acreditaciones, contacto vigente y capacidad profesional.
No obstante, tras la salida del exfuncionario, el ayuntamiento no habría hecho la actualización correspondiente ante la Semarnat, lo que implicaría el manejo de información desfasada en documentos oficiales.
Esta omisión podría derivar en procedimientos administrativos e incluso en la revisión de permisos de operación. El artículo 244, fracción III, del Código Penal Federal contempla sanciones por la posible falsificación o asentamiento de datos incorrectos en documentos oficiales, lo que podría alcanzar penas de hasta cinco años de prisión en casos comprobados.
A este escenario se suma una preocupación adicional: la falta de claridad sobre quién asume realmente la responsabilidad técnica y operativa de la UMA.
Fuentes internas señalaron que el director de Medio Ambiente, Aldo Israel Huerta Peña, y la coordinadora Brenda Abaroa Ortiz serían quienes operan actualmente el espacio, aunque sin cumplir plenamente con los requisitos de acreditación que exige la Ley General de Vida Silvestre para figurar como responsables formales ante la autoridad federal.
De confirmarse este esquema, el municipio estaría sosteniendo la operación bajo el nombre de un exservidor público, lo que algunos señalan como una posible “simulación administrativa” que deja en la incertidumbre jurídica quién responde realmente por el manejo de los ejemplares.
La situación resulta aún más delicada considerando los antecedentes registrados en la UMA Citlaltépetl en los últimos años, donde se han documentado muertes, lesiones y deterioro en diversas especies bajo resguardo.
Entre los casos más mencionados se encuentran un avestruz que perdió un ojo, la reducción de la población de monos araña de 20 a sólo ocho ejemplares, la muerte de venados tras la aplicación de desparasitantes durante etapa de gestación, así como reportes de dromedarios en condiciones de salud deficientes.
También se han señalado casos como el del ejemplar “Leonel”, que habría perdido una oreja por infección asociada a gusano barrenador y otra por complicaciones de otitis, además de la pérdida de la cola del jaguar “Yago”, lo que ha encendido alertas entre observadores y voces críticas sobre el manejo de fauna silvestre en el municipio.
Mientras tanto, la falta de actualización administrativa y la permanencia de registros desfasados ante Semarnat mantienen abierta la discusión sobre la legalidad, transparencia y capacidad técnica con la que opera actualmente la UMA Citlaltépetl en Orizaba.
