Habitantes de esta capital solicitaron la atención del gobierno estatal para evitar ser despojados ilegalmente de sus propiedades y demandaron la restitución de sus derechos como propietarios legítimos.
Manuel Ezequiel Castilla Rivas, en representación de su padre José Luis Castilla Aburto, y María Hernández dieron a conocer que de manera fraudulenta y con el apoyo de la fuerza pública y de jueces, los despojaron de una propiedad suya ubicada en la avenida 20 de Noviembre.
Relataron que fueron víctimas de un entramado jurídico fraudulento en el que se simularon actos legales usando documentación apócrifa con la ayuda de abogados.
Agregaron que se han llevado a cabo procesos judiciales que derivaron en órdenes de lanzamiento (desalojo) y pérdida de la posesión de sus bienes inmuebles, todo ello sin respetar los procesos legales.
Expusieron que el juicio civil J4.0.C. 564/2022/V1, tramitado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatepec, se autorizó un lanzamiento sin presentar una escritura válida, basándose únicamente en un contrato privado de compraventa, supuestamente certificado por el notario Miguel Marenco Sánchez, quien ya no ocupa el cargo.
Los afectados señalaron que la diligencia se programó de forma atípicamente rápida, sin cumplir con los requisitos de tiempo y procedimientos que marca la ley y acusaron a María de los Ángeles Castilla Aburto, Lesli Iveth Alonso Lucido y a Érick Hernández Aburto de haberse beneficiado de documentos falsos, entre ellos un poder notarial alterado, con datos erróneos sobrenombres, fechas y personas, el cual ya fue desconocido por el propio notario ante la Fiscalía y un juzgado de primera instancia en Xalapa.
Expusieron que con este documento, María de los Ángeles obtuvo una falsa declaración de herederos, se adjudicó el inmueble y posteriormente lo vendió simuladamente, creando una cadena de actos ilegales, entre los que destaca que en ningún momento fueron emplazadas a juicio las propietarias legítimas del inmueble, violando sus garantías individuales.
Señalaron que el proceso fue tan acelerado que en sólo 25 días –del 18 de septiembre al 26 de octubre de 2023– se dictó sentencia en un documento de apenas dos cuartillas que, según denuncian, no analiza el fondo del caso, no menciona a las verdaderas dueñas y omite el antecedente de propiedad. Esta sentencia fue declarada cosa juzgada, dejando a los afectados sin posibilidad de apelar. El 11 de diciembre de 2024, sin haber recibido notificación previa alguna, se ejecutó el lanzamiento judicial del inmueble.
Otro proceso denunciado fue el juicio ejecutivo mercantil 542/2024/11, llevado en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, en el cual, de acuerdo con las víctimas, se evidenció un manejo parcial del procedimiento.
En este caso, Reynaldo Cuevas Tejeda aparece como actor del juicio, aunque fue señalado como prestanombres de los abogados Roly Domínguez Romero y Miguel Isaac Contreras Gómez Gil. La audiencia fue fijada y notificada con apenas ocho días de anticipación, lo que limitó el tiempo para preparar la defensa.
Durante la audiencia de pruebas, el personal judicial actuó de manera irregular. El encargado de la mesa, identificado como Jorge, resolvía promociones sin la firma del secretario de acuerdos ni de la jueza.
Cuando los afectados manifestaron su inconformidad, el secretario apareció y, en lugar de corregir la situación, afirmó haber autorizado dicha actuación.
Como represalia, decidió reservar acuerdos importantes, incluyendo uno en el que se solicitaba prórroga para desahogar una prueba pericial, misma que fue desechada sin fundamento.
Por tal motivo, los quejosos expresaron su preocupación no sólo por haber sido víctimas de fraude, sino por que varios de los funcionarios implicados en estos procedimientos buscan nuevos cargos dentro del Poder Judicial de Veracruz.
Por ello, hicieron un enérgico llamado a las autoridades responsables de la evaluación y designación de jueces y magistrados para que tomen en cuenta estos antecedentes.
“Es indispensable que quienes administran justicia lo hagan con ética, legalidad y profesionalismo. No se puede permitir que funcionarios señalados por actos de corrupción sean ascendidos a cargos de mayor responsabilidad”, expresaron.
Finalmente, concluyeron que las evidencias que presentaron –expedientes, documentos falsificados, fechas anómalas y la conducta del personal judicial– dejan claro que existe una estructura que opera con impunidad y a la sombra del sistema judicial.
