Por Hipólito Rodríguez
La película Tratado de Invisibilidad es una denuncia contundente de la ausencia de estado de derecho para las trabajadoras de limpia en México. Su directora, Lucía Kaplan, ha construido un documento que exhibe con claridad la situación laboral de miles de personas, todas ellas mujeres, que tienen a su cargo las labores de barrer las calles, recoger la basura de parques y espacios públicos, limpiar los baños y espacios de circulación. En el documental vemos lo que pasa en el aeropuerto Benito Juárez, las escaleras y pasillos del metro, y en múltiples espacios públicos de nuestro país. Si bien el documental se centra en la Ciudad de México, podemos asegurar que esto ocurre en todo el país.
La denuncia se basa en indagar, con testimonios recogidos directamente de las personas ocupadas en estas labores, cuál es la situación bajo la cual desempeñan su trabajo. A veces, sabiendo que pueden sufrir represalias por exhibir los abusos de sus empleadores, el documental tiene que acudir a actrices para que representen a las trabajadoras y éstas puedan quedar en el anonimato. Se muestra que ante una protesta pública, el empleador despidió a todas las personas que salieron en los medios de comunicación durante una manifestación exigiendo justicia laboral.
Los testimonios son material etnográfico: vemos y escuchamos a personas concretas. El método es simple: se invita a las trabajadoras a hablar libremente, a comentar cómo es que se les contrata, cómo se les paga, qué herramientas se les proporcionan en su trabajo, qué ocurre cuando se enferman, qué prestaciones tienen, cuánto ganan al día, cuánto dura su jornada de trabajo.
Podemos así enterarnos de una situación inaceptable. El gobierno de la ciudad no les contrata directamente. Más bien, el gobierno contrata a una empresa para que ella se haga cargo de cumplir las tareas de limpieza. Primer problema: una situación que propicia la Secretaría de Hacienda, que induce la subcontratación a fin de no abrir más contratos en el sector público, y abriendo la posibilidad de que florezcan esta clase de empresas irregulares. Sin embargo, como muchos sabemos, esas empresas se apartan del marco legal: tendrían que hacer un contrato y cumplir con las prestaciones que marca la ley. Pero esas empresas no cumplen. Y cuando se les exige que cumplan, desaparecen, huyen, abandonan el compromiso. De hecho, es claro que hay una rotación continua de empresas. En esto, es claro que hay complicidad de los funcionarios de gobierno. Aceptan que las empresas desaparezcan impunemente. No hay castigo por su mal trabajo y abuso. Quienes pagan los platos rotos son las trabajadoras. Ellas se quedan sin sus salarios, sin sus prestaciones, sin que se les respeten sus derechos. El gobierno puede decir que no es su responsabilidad, que el problema es la empresa. Pero es como decir que el perro que las mordió no era suyo, a pesar de que él fue quien lo invitó a la fiesta y le soltó la rienda.
El colmo es que las empresas no entregan los insumos de trabajo: en el caso de los baños del aeropuerto o los pasillos del metro, no entregan jabón ni detergente, cloro, jergas o escobas. Si los baños y pasillos huelen mal, ¿de quién es la culpa? ¿del trabajador? La empresa nunca da la cara. Pero eso sí, exige silencio. Le toman el pelo a los funcionarios del gobierno y a los ciudadanos nos prestan pésimos servicios.
Cuando las trabajadoras buscan que se les cumplan sus derechos laborales, los funcionarios de las empresas, con la complicidad del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, no acatan los citatorios, dan largas a las negociaciones, apuestan por cansar al trabajador, con trámites eternos, con soluciones siempre postergadas.
El documental también exhibe la pésima conducta del ciudadano, sucio, irresponsable, desobligado. No cesa de arrojar desperdicios en el espacio público, en las macetas y áreas verdes. Maltrata a las trabajadoras, como si fuesen sus esclavas, mereciendo el desdén o a veces hasta agresiones. También es indigno ver el acoso sexual que ellas sufren de parte de sus compañeros de trabajo y jefes. Un acoso que, cuando no obtiene resultados, se traduce en hostilidad y presiones para que abandonen su empleo. El abuso está por doquier. Y las mujeres cuentan su historia y su sufrimiento. Vemos cómo viven, las privaciones en sus hogares, el daño que se comete al quitarles un tercio de su escaso salario quincenal por un día de ausencia, el costo en su salud y calidad de vida: una de ellas está perdiendo sus huellas digitales por culpa de no contar con guantes y emplear el cloro sin protección, perdiendo la piel de sus manos.
A pesar de que el gobierno de AMLO se propuso acabar con la subcontratación, el hecho real es que este tipo de relación laboral continúa y sigue lastimando a miles de mujeres trabajadoras. Ahora que tenemos una presidenta, es urgente que se defienda a las mujeres trabajadoras. Es hora de que la 4T cumpla con sus promesas: ¿hasta cuándo seguirán diciendo que no ven lo que pasa? Este Tratado de Invisibilidad debería abrirles los ojos, pues revela un mundo de abusos cuya existencia, ahora, sólo puede atribuirse al gobierno de la 4T. Si un objetivo de la izquierda histórica es atender los reclamos de los trabajadores, entonces es su obligación corregir esta injusticia: ¿PRIMERO LOS POBRES? ¡PRIMERO LAS INVISIBLES, POR FAVOR!
