Agencias
Los conflictos legales en torno a la invasión al predio Jinicuil Manso, ubicado en el bosque de Coatepec, persisten. A través de un comunicado de prensa, los propietarios del predio afirmaron que la invasión realizada por integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac) está vinculada a intereses políticos.
Acusaron al gobierno de estar relacionado con la ocupación ilegal de los terrenos, lo que explica la escasa acción de las autoridades para hacer cumplir las resoluciones judiciales que ordenan la devolución de las tierras a sus legítimos propietarios.
“No podemos pasar por alto que el despojo de nuestras propiedades se llevó a cabo en el contexto de compromisos de carácter político-electoral que el gobierno fincó con los dirigentes de la Cioac: quitarnos nuestras tierras a cambio de votos (escasos, por cierto)”, se lee en el comunicado.
En el documento también se sostiene que los terrenos invadidos por integrantes de la Cioac pertenecen a los propietarios del predio, quienes aseguran contar con las escrituras que lo avalan y recibos de pago de predial por varias décadas.
Además, mencionaron que tanto los dirigentes de la Cioac como los responsables de la ocupación están vinculados a proceso por un juez de control, quien ordenó la restitución de los terrenos invadidos. Sin embargo, las autoridades han incumplido dicha determinación.
Los propietarios denunciaron también haber sido víctimas de chantaje y difamación por parte de la Cioac, quienes expusieron sus nombres e información engañosa.
Asimismo, señalaron que los invasores cuentan con el respaldo financiero de personas cuya identidad no fue revelada, pero que han alentado la ocupación de los terrenos y cubierto los honorarios de abogados como Gerardo Escobedo Muñoz, vinculado al fidelismo y padre de un Secretario de Estudio y Cuenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
Advirtieron que las acciones de los invasores representan un peligro inminente para la ecología de Coatepec y Xalapa.
Alertaron que las intenciones de urbanizar la zona para beneficiar a quienes delinquen afectarían el abastecimiento de agua para al menos dos municipios, incluyendo la capital del estado.
